La implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPC y P), representa uno de los cambios más importantes para el sistema de justicia mexicano en los últimos años.
El abogado constitucionalista Miguel Carbonell, afirmó que este nuevo sistema de justicia busca agilizar trámites como divorcios, herencias, pensiones alimenticias, arrendamientos y conflictos patrimoniales.
“La idea es, por ejemplo, todo va a ser con oralidad, hay un capítulo entero de justicia digital para que los procesos se puedan tramitar en línea, se puede poner una demanda desde la computadora de la oficina, de la casa de cualquier abogado, se va a poder hacer una audiencia virtual a través de Zoom o de Google Meet para desahogar un interrogatorio”.
Otra ventaja de este sistema de justicia en materia civil y familiar, es que si un deudor alimentario, se encuentra en otro país, por ejemplo Estados Unidos, el nuevo código tiene una solución.
“Hay todo un capítulo para trámites procesales de gente que está fuera de la república, por ejemplo, ¿cómo se tramita un proceso para exigir una pensión de alimentos cuando el deudor alimentario está en Estados Unidos? Pues el código también te resuelve ese tema”.
Previo a la capacitación impartida en Veracruz en la materia, explicó que este nuevo ordenamiento sustituirá las distintas legislaciones estatales por un solo código aplicable en todo el país, con fecha límite de implementación para las entidades federativas el 1 de abril de 2027.
Carbonell destacó que actualmente los tribunales del país reciben alrededor de 1.5 millones de nuevos asuntos civiles y familiares cada año, por lo que el nuevo código busca reducir la carga de trabajo mediante procedimientos más ágiles y modernos.
Las principales innovaciones de este sistema de justicia, es la incorporación de la justicia digital, que permitirá presentar demandas en línea, realizar audiencias virtuales y efectuar diversos trámites sin necesidad de acudir físicamente a los juzgados.
Además, señaló que algunos procedimientos podrán ser atendidos por notarios públicos, como divorcios y procesos sucesorios con o sin testamento, lo que ayudaría a disminuir la saturación de los tribunales.
“El notario va a poder divorciar una pareja y también tramitar procedimientos hereditarios, eso ayudará a desahogar una parte importante de los asuntos que hoy llegan a los juzgados”.
De acuerdo con datos del Inegi citados por el especialista, en 2024 ingresaron alrededor de 905 mil asuntos familiares y 635 mil asuntos civiles a los tribunales del país.
En ese tenor, consideró que la participación de los notarios podría reducir entre 15 y 20 por ciento la carga de trabajo judicial, lo que representaría cientos de miles de expedientes menos para los juzgados.
“Por lo menos un 15 o un 20 por ciento sí va a ayudar, puede parecer poco de entrada, dirán ustedes, oye, pero un 15, un 20, ¿qué tanto ayuda? No, sí ayuda porque el universo es enorme, imagínense si son 900 en materia familiar, imagínense un 15 por ciento, un 20 por ciento, estamos hablando de casi 200 mil asuntos, un universo”.
El académico también destacó que el nuevo código incorpora mecanismos de protección para personas en situación de vulnerabilidad, incluyendo casos de violencia familiar y violencia vicaria, esta última cuando uno de los progenitores utiliza a los hijos para causar daño a su pareja o expareja.
Asimismo, contempla disposiciones para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y regula procedimientos relacionados con ciudadanos que se encuentran fuera del país, como reclamaciones de pensiones alimenticias cuando el deudor reside en Estados Unidos.
Respecto a Veracruz, Carbonell señaló que aún no hay una declaratoria para la entrada en vigor del nuevo sistema y llamó a las autoridades locales a acelerar los preparativos.
”El Poder Judicial local le solicita formalmente al Congreso que ya se puede aplicar el código, es una decisión que conjuntamente va, del Poder local de Veracruz al Congreso local de Veracruz para que ya se tramite, obviamente se tiene que platicar con el Poder Ejecutivo”.
Indicó que la implementación requiere coordinación entre el Poder Judicial, el Congreso local y el Poder Ejecutivo estatal, debido a la necesidad de infraestructura, capacitación y recursos tecnológicos.
