La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE) emitió una serie de posicionamientos sobre la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mediante un comunicado los abogados señalaron que “Las democracias se sostienen sobre la confianza. No sobre una confianza ciega en las instituciones”.
A continuación el comunicado:
Las democracias se sostienen sobre la confianza. No sobre una confianza ciega en las instituciones, sino sobre la certeza, construida con tiempo y pluralidad, de que las reglas que las articulan son justas, de que las minorías de hoy conservan su derecho a ser mayorías mañana, y de que ninguna fuerza política puede alterar unilateralmente y a su favor las condiciones bajo las cuales el poder se disputa y se renueva.
Las reformas electorales son, en ese sentido, de las intervenciones jurídicas más delicadas que puede emprender un Estado. Tocan ese mecanismo en su núcleo y exigen, por ello, mayor rigor, apertura técnica y disposición genuina al disenso que cualquier otra reforma.
La Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados (ANADE), reconoce en la iniciativa presentada el 4 de marzo de 2026 elementos que merecen seria consideración. El fortalecimiento de la coordinación interinstitucional entre autoridades financieras, de inteligencia y la autoridad electoral para la fiscalización del financiamiento de campañas puede convertirse, si se despliega adecuadamente en leyes secundarias y se implementa con visión de Estado, en un instrumento necesario, más no suficiente, contra el financiamiento ilícito de campañas. La ampliación de mecanismos de democracia directa a nivel local, así como la incorporación de la diáspora mexicana como sujeto de representación legislativa podrían constituir aportaciones positivas al sistema. Reconocerlo es parte de un diálogo honesto.
Es precisamente ese diálogo el que obliga a señalar, con igual claridad, los aspectos que, a juicio de la ANADE, representan serios riesgos estructurales que el proceso legislativo debe atender.
• Los riesgos a la representación legislativa. La reforma tiene el potencial de afectar seriamente las condiciones de posibilidad de un Congreso plural y representativo. La eliminación de las treinta y dos senadurías de representación proporcional y la modificación en la mecánica de asignación de diputaciones plurinominales podrían consolidar un Congreso más homogéneo, no más representativo.
Un Congreso sin minorías con peso real delibera menos y representa de manera parcial la diversidad del país. Para el sector empresarial, esto tiene consecuencias concretas. La pluralidad legislativa es una condición del Estado de Derecho y de la certeza que requiere la inversión.
• Los riesgos del recorte al financiamiento público. La racionalización del gasto electoral es un objetivo legítimo. Sin embargo, reducir el financiamiento lícito a los partidos sin atender estructuralmente el problema del dinero ilícito en las campañas constituye una medida incompleta y podría, en algunos escenarios, aumentar la vulnerabilidad de ciertos actores políticos frente a fuentes de financiamiento no institucionales. Los partidos con menor acceso al poder público, que dependen más del financiamiento institucional, serían los más afectados.
La regulación de contenido generado con inteligencia artificial. La transparencia en el uso de inteligencia artificial durante los procesos electorales es una demanda ciudadana legítima, alineada con estándares internacionales emergentes y necesaria frente a los riesgos reales de la desinformación. No obstante, genera preocupación que la carga de identificar, retirar y sancionar ese contenido recaiga únicamente sobre concesionarios y plataformas como responsables primarios frente a terceros. Es técnicamente inviable con las herramientas disponibles hoy, jurídicamente imprecisa en sus alcances, y genera incentivos directos a la censura preventiva. Para el sector digital y de telecomunicaciones representa, además, una carga regulatoria de contornos indefinidos.
La ANADE llama al Poder Legislativo a someter esta iniciativa a un proceso de dictaminación plural, técnico y abierto al disenso. Una reforma constitucional de esta magnitud merece, cuando menos, el debate que la confianza democrática exige.
