El abogado electoral Arturo Ramos advirtió que la figura de los llamados “jueces sin rostro”, actualmente prevista en la Constitución mexicana, es altamente polémica y ha sido declarada inconvencional por instancias internacionales de derechos humanos.
En entrevista, explicó que aunque el mecanismo se encuentra contemplado en el Artículo 20 constitucional, ha sido cuestionado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al considerar que vulnera garantías fundamentales establecidas en el artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Ramos detalló que el principal problema radica en la afectación al debido proceso y al principio de imparcialidad judicial. “Al no conocerse la identidad del juez que resolverá el caso, se limita la posibilidad de ejercer figuras como la recusación, que permite apartar a un juzgador cuando existe amistad, enemistad manifiesta o algún conflicto de interés”, explicó.
La figura de jueces sin rostro suele justificarse como un mecanismo de protección en casos relacionados con delincuencia organizada o narcotráfico, donde la integridad de los juzgadores podría verse comprometida. Sin embargo, la Corte Interamericana ha sostenido que el anonimato judicial impide garantizar plenamente el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente e imparcial.
Uno de los precedentes más relevantes en la materia es el caso J. contra Perú, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se determinó que este tipo de tribunales vulneran garantías judiciales.
Ramos recordó que esta figura fue aplicada en Colombia durante los años noventa en el contexto del combate al narcotráfico, así como en Perú durante la lucha contra Sendero Luminoso. Más recientemente, ha sido retomada en El Salvador bajo el gobierno del presidente Nayib Bukele.
En el caso mexicano, señaló que el Senado analiza actualmente posibles ajustes en el ámbito penal para matizar su aplicación, en medio de un debate que enfrenta la necesidad de proteger a los jueces frente a amenazas del crimen organizado y la obligación del Estado de garantizar procesos transparentes y respetuosos de los derechos humanos.
“El reto es encontrar un equilibrio entre seguridad y legalidad, sin sacrificar el debido proceso”, concluyó.
