La posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda reabrir, revisar o incluso anular casos que ya fueron juzgados, significaría un riesgo directo para la certeza jurídica, el estado de derecho y la estabilidad económica de México, advirtió el abogado Gabriel Regino.
En entrevista para XEU Noticias, el jurista explicó que el principio de cosa juzgada —que establece que una vez agotadas todas las instancias un asunto queda definitivamente resuelto— es la base que da certidumbre a los ciudadanos y sustento al sistema judicial.
“Cuando una sentencia causa estado debe ser respetada. Si esas resoluciones entran en vulnerabilidad y pueden resolverse de manera distinta, estamos abriendo un espacio a la inconstitucionalidad”, advirtió.
El abogado recordó que el artículo 23 constitucional es claro al establecer que ningún juicio puede tener más de tres instancias, precisamente para evitar procesos interminables o manipulables.
Aunque reconoció que en México existen antecedentes de procesos amañados, con corrupción o pruebas falsas, enfatizó que la Corte no tiene atribuciones ni estructura para investigar posibles fraudes judiciales:
“La Suprema Corte no es fiscalía, no tiene servicios forenses ni puede recibir pruebas. No le corresponde abrir una nueva etapa para analizar si un proceso estuvo manipulado o no”.
En su opinión, la responsabilidad recae en el Poder Legislativo, que debería generar controles y mecanismos para prevenir sentencias basadas en pruebas fraudulentas.
Para Regino, permitir que la Corte reabra casos cerrados tendría consecuencias profundas.
“El riesgo, independientemente de la amenaza a la estabilidad constitucional, impactará la estabilidad económica y la gobernabilidad”, señaló.
Advirtió que actores con intereses políticos o particulares podrían intentar revertir fallos ya concluidos, lo que destruiría la confianza en el sistema judicial:
“Es abrir la puerta a la incertidumbre. Nadie tendría la seguridad de que un juicio ganado se mantenga firme. Eso ya preocupa a inversionistas de Estados Unidos y Europa”.
El abogado calificó el escenario como una “caja de Pandora” que, de abrirse, afectaría directamente la inversión extranjera y el funcionamiento del estado de derecho.
Regino subrayó que, paradójicamente, si la Corte aprobara la posibilidad de reabrir sentencias firmes, cualquier intento de impugnar la decisión tendría que resolverse… ante la propia Corte, convirtiéndola en juez y parte.
“¿Y cómo quedamos los ciudadanos? Indefensos, con incertidumbre. Y lo digo con toda responsabilidad: podría regresarse a la justicia por propia mano”.
Según el abogado, una decisión de este tipo no solo atentaría contra el estado de derecho, sino que lo disolvería, al eliminar la vigencia de la cosa juzgada.
