Presentan decreto para reestructurar Talleres Gráficos de México

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Por: Redacción xeu

El Gobierno federal presentó un proyecto para transformar y fortalecer Talleres Gráficos de México, con la intención de ampliar su participación en la elaboración de documentación y materiales electorales, así como disminuir los gastos que representan los procesos comiciales.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, explicó que la estrategia se aplicará en dos etapas. La primera concluirá en junio de 2027 y estará enfocada en modificar la estructura administrativa del organismo, reforzar la supervisión de sus operaciones y transparentar la contratación de proveedores.

Durante la conferencia mañanera de este miércoles 18 de noviembre, detalló que uno de los primeros cambios será ampliar de cuatro a siete integrantes la Junta de Gobierno de Talleres Gráficos de México, mediante la incorporación de representantes de instituciones académicas.

Los nuevos integrantes serán Raúl Juan Contreras Bustamante, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); Ángel Eustorgio Rivera González, por el Instituto Politécnico Nacional (IPN), y Josefina Cortés Campos, por el Tecnológico de Monterrey.

La Junta también estará conformada por representantes de las secretarías de Gobernación, Hacienda y Anticorrupción y Buen Gobierno, además de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal. Asimismo, podrá convocar a autoridades electorales y responsables de auditorías para participar en sus sesiones.

Transparencia y vigilancia de proveedores

Entre las medidas contempladas para la primera etapa se encuentra la creación de un padrón público de contratistas y proveedores, quienes deberán acreditar su capacidad técnica, operativa, administrativa y financiera para participar en los procesos de producción.

También se habilitará un registro de datos abiertos para consultar contratos, convenios, órdenes de producción y avances de ejecución. El organismo estará sujeto a auditorías anuales y revisiones de la Auditoría Superior de la Federación.

La propuesta contempla excluir a empresas con impedimentos legales, sanciones o señalamientos de las autoridades fiscalizadoras, así como a aquellas que no demuestren contar con las condiciones necesarias para prestar los servicios.

Rodríguez agregó que las adquisiciones deberán realizarse conforme a la normatividad vigente y mediante procedimientos de contratación pública. Además, se buscará homologar tarifas y precios para el Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Como parte de las medidas para evitar conflictos de interés, la persona que encabece la Dirección General de Talleres Gráficos no deberá haber sido representante, socio o empleado de proveedores de documentación y materiales electorales durante los cinco años anteriores a su nombramiento.

Segunda etapa contempla una Imprenta Nacional

La segunda fase, prevista de julio de 2027 a 2030, contempla impulsar la creación de la Imprenta Nacional de México mediante una nueva legislación.

El objetivo será establecer que la documentación y los materiales electorales, así como los documentos de seguridad, sean producidos por instituciones públicas.

Para concretar este propósito, el Gobierno federal promoverá modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), con el fin de que la producción pública de estos insumos deje de ser una alternativa y se convierta en una obligación.

El plan también incluye una compra consolidada para el INE y los OPLE, mediante un catálogo único de materiales y especificaciones, con la finalidad de reducir los costos.

Además, se proyecta establecer un Almacén Nacional de Materiales Electorales para recuperar, reparar y reutilizar urnas, canceles y otros insumos entre procesos electorales, lo que permitiría generar ahorros y disminuir el impacto ambiental.

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