La licitación para fabricar credenciales de elector del Instituto Nacional Electoral (INE), por un monto de mil 75 millones de pesos, enfrenta señalamientos por presuntos sobrecostos, requisitos que habrían favorecido a determinadas empresas y posibles irregularidades en el proceso de adjudicación durante la gestión de Guadalupe Taddei.
De acuerdo con una investigación publicada por el diario Reforma, el contrato fue adjudicado el 10 de diciembre de 2025 a un consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México, para la producción de credenciales durante el periodo de junio de 2026 a mayo de 2031.
Entre los puntos cuestionados se encuentran las condiciones establecidas en las bases de licitación, incluidos requisitos técnicos y de experiencia que, según los señalamientos, pudieron limitar la competencia y beneficiar a determinados participantes.
Uno de los aspectos que destaca la investigación es el precio de los códigos QR incorporados a las credenciales. El reportaje refiere que su costo pasó de 1.7 centavos de dólar en 2022 a 12 centavos en la oferta cuestionada. Además, valuadores citados por la publicación habrían estimado un precio de mercado de cinco centavos de dólar.
La diferencia entre esos montos forma parte de los cuestionamientos sobre el costo de los componentes utilizados en la fabricación de la credencial para votar, aunque por sí sola no acredita la existencia de un daño patrimonial.
El contrato contempla un precio unitario de 0.65 dólares por credencial, antes del impuesto al valor agregado (IVA), y una producción estimada de entre 84.9 y 94.1 millones de piezas durante los cinco años de vigencia.
Ante los cuestionamientos, el INE sostuvo que el procedimiento de contratación se desarrolló mediante evaluaciones técnicas y económicas, revisión de precios y participación de un testigo social.
La continuidad del contrato también ha sido objeto de atención pública. Reportes periodísticos publicados el 29 de octubre señalan que la presidenta provisional del Instituto, Blanca Cruz, anticipó que el acuerdo continuaría vigente, debido a que su cancelación podría generar pérdidas para el organismo y afectar la entrega de credenciales.
También permanece bajo atención el tema de posibles sanciones por retrasos en la producción y distribución de las identificaciones.
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