Especialistas advierten posibles recursos legales por las modificaciones a la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, conocida como Modalidad 40, que podrían afectar a quienes buscan mejorar su pensión.
La publicación de cambios al régimen de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) abrió el debate sobre los alcances de la Modalidad 40, un esquema al que recurren trabajadores para incrementar el monto de su jubilación mediante aportaciones voluntarias.
De acuerdo con la información publicada por El Financiero, especialistas consideran que algunas de las disposiciones podrían ser inconstitucionales, debido a que establecen límites para registrarse en este esquema y podrían dar lugar a amparos.
La controversia se centra en los cambios relacionados con la Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio del Seguro Social, mediante la cual las personas que cumplen con los requisitos pueden continuar realizando aportaciones para mejorar las condiciones de su futura pensión.
Los especialistas cuestionan que el Consejo Técnico del IMSS establezca restricciones mediante un acuerdo administrativo, cuando la Ley del Seguro Social contempla condiciones específicas para la continuación voluntaria y fija un límite de cotización de hasta 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).
Alan Duclaud, abogado especialista en seguridad social y socio de la firma Monsalvo Duclaud, señaló que uno de los puntos que podrían impugnarse es la limitación del salario base de cotización, al considerar que podría contravenir lo establecido en el artículo 218 de la legislación.
El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de octubre de 2026, establece medidas temporales para quienes busquen incorporarse nuevamente a la Modalidad 40 o contratarla bajo las nuevas condiciones.
Entre los principales cambios se encuentran:
Límite al salario de cotización: se tomará como referencia el último salario base registrado al momento de la baja, con un margen adicional de una UMA, sin que sea inferior al salario mínimo general aplicable.
Fin de las nuevas altas retroactivas: las incorporaciones tendrán efectos a partir de la fecha en que se presente la solicitud.
Trámites digitales: el IMSS deberá ajustar sus sistemas para procesar las nuevas inscripciones por medios digitales.
Protección temporal para asegurados actuales: quienes ya estaban inscritos conservarán sus condiciones hasta concluir el periodo contratado.
El Instituto también deberá analizar el impacto financiero de esta modalidad en un plazo máximo de seis meses y, posteriormente, preparar una propuesta de modificación normativa.
Duclaud advirtió que las nuevas restricciones podrían afectar a trabajadores que recurren a la Modalidad 40 para mejorar el monto de su pensión, particularmente a quienes planeaban cotizar con un salario superior al último registrado ante el Instituto.
El especialista señaló que, aunque el IMSS puede interpretar y aplicar las disposiciones vigentes, existe una controversia sobre sus facultades para establecer nuevas limitaciones mediante un acuerdo de su Consejo Técnico.
También explicó que una eventual reforma a la Ley del Seguro Social tendría que seguir el procedimiento legislativo correspondiente.
Ante este escenario, anticipó que podrían presentarse recursos de amparo contra las medidas, aunque la procedencia de cada caso dependerá de las circunstancias particulares y de la resolución de las autoridades judiciales.
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