La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, pidió este martes 20 de octubre al Instituto Nacional Electoral (INE) esclarecer los señalamientos sobre posibles irregularidades en la contratación de empresas proveedoras de material electoral, luego de que se revelaran presuntos vínculos entre el chofer de la consejera presidenta del organismo, Guadalupe Taddei, y una de las compañías involucradas.
Durante su conferencia, la mandataria sostuvo que corresponde inicialmente al INE explicar lo ocurrido y ofrecer información sobre las contrataciones que han sido objeto de cuestionamientos públicos.
“Lo primero es que el Instituto Nacional Electoral aclare este caso que ha salido recientemente en los medios”, expresó.
Sheinbaum también señaló que solicitaría información a la Secretaría de Gobernación sobre Talleres Gráficos. Asimismo, planteó la posibilidad de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise el caso, aunque reconoció que desconoce si el organismo tiene facultades para auditar al INE.
“Si tiene, si es el caso, la Auditoría Superior de la Federación quien debería revisar, porque son recursos públicos, son recursos del pueblo de México”, manifestó.
El diario Reforma publicó información sobre los presuntos vínculos de Jonathan Navarrete Torres, identificado como chofer de Guadalupe Taddei, con Corporativo Zeg, una de las empresas proveedoras de material electoral señaladas por posibles irregularidades.
De acuerdo con los datos citados en la publicación, el Registro Público de Comercio documenta que Navarrete Torres recibió un poder general para pleitos y cobranzas de Corporativo Zeg el 28 de junio de 2023.
Posteriormente, el 15 de abril de 2025, quedó registrado su ingreso a la oficina de la consejera presidenta del INE.
Otro elemento señalado en la información periodística es su declaración patrimonial de junio de 2026, en la que reportó ingresos mensuales por 45 mil 765 pesos, sin mencionar una relación con Corporativo Zeg.
Ante estos señalamientos, Sheinbaum insistió en que el instituto electoral debe aclarar los hechos y determinar si corresponde una revisión por parte de las instancias fiscalizadoras competentes.
Hasta el momento, los datos referidos en la información periodística constituyen señalamientos sobre posibles irregularidades, por lo que corresponde a las autoridades competentes esclarecer los hechos y determinar si existió alguna conducta indebida.
