El senador del PRI, Manlio Fabio Beltrones, exigió una mayor coordinación entre las instituciones mexicanas y las autoridades de Estados Unidos para aclarar dudas sobre el manejo de los casos del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza Cázarez.
El legislador puso especial atención en la actuación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), al considerar que existen deficiencias en la comunicación y coordinación internacional que deberían ser atendidas para dar certeza sobre el curso de los asuntos.
El señalamiento ocurre en medio de las acusaciones formuladas por autoridades estadounidenses contra Rocha Moya, Inzunza y otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. La Embajada de Estados Unidos en México confirmó en abril que la Fiscalía federal de ese país presentó cargos contra Rocha y señaló que ambos gobiernos mantienen compromisos de cooperación en materia de corrupción, crimen transnacional y Estado de derecho.
La relación entre México y Estados Unidos también ha estado marcada por la reserva de información relacionada con las comunicaciones diplomáticas sobre Rocha e Inzunza. En junio, el Comité de Transparencia de la SRE determinó reservar por cinco años diversos documentos vinculados con las investigaciones y la cooperación bilateral, argumentando que su difusión podría afectar las relaciones internacionales.
Posteriormente, la Cancillería informó que haría pública parte de la información relacionada con las solicitudes de detención provisional con fines de extradición contra ambos políticos, después de que la reserva generara cuestionamientos.
En este contexto, Beltrones planteó la necesidad de fortalecer la coordinación institucional para evitar que la falta de información o comunicación entre México y Estados Unidos alimente dudas sobre el seguimiento de los casos y sobre una eventual impunidad.
Las acusaciones contra Rocha Moya e Inzunza corresponden a autoridades estadounidenses y ambos han rechazado los señalamientos. En México, la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene sus propias actuaciones dentro del ámbito de sus atribuciones, por lo que el desarrollo de los procedimientos deberá determinarse conforme a las investigaciones y procesos correspondientes.
