La alcaldesa con licencia de Benito Juárez, Ana Patricia “Ana Paty” Peralta de la Peña, fue señalada de haber perdido su visa para ingresar a Estados Unidos, mientras que en México enfrenta una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto desvío de recursos públicos, posibles operaciones relacionadas con huachicol fiscal y supuestos contactos con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
La información fue publicada por El Financiero, que citó fuentes con conocimiento del caso y señaló que las autoridades estadounidenses también habrían retirado las visas del esposo de la funcionaria, Lucio Galileo Lastra Abreu, y de su suegro, Lucio Galileo Lastra Escudero.
Hasta el momento, las autoridades de Estados Unidos no han hecho públicos los motivos específicos de una eventual cancelación de las visas, por lo que tampoco se ha establecido oficialmente que la medida migratoria esté relacionada con las investigaciones que realiza la FGR en México.
De acuerdo con la información difundida, las pesquisas de la FGR contemplan diferentes líneas relacionadas con el manejo de recursos públicos del municipio de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, así como con posibles operaciones de contrabando de hidrocarburos.
Una de las investigaciones busca determinar si recursos, personal o estructuras municipales fueron utilizados presuntamente para favorecer políticamente a Rafael Marín Mollinedo, exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) y uno de los nombres que han aparecido en el escenario político de Quintana Roo rumbo a 2027.
La Fiscalía pretende establecer el origen y destino de los recursos bajo investigación, quién habría ordenado su utilización y qué funcionarios pudieron haber intervenido.
Otra de las líneas se relaciona con la empresa Ingemar, S.A. de C.V., que es investigada por presuntas operaciones de ingreso irregular de hidrocarburos mediante ferrotanques.
Según la información citada por El Financiero, las investigaciones apuntan a que se habrían introducido 163 ferrotanques con más de 18 millones de litros de hidrocarburos antes de que las autoridades detectaran las operaciones.
La FGR también habría solicitado información a la Agencia Nacional de Aduanas sobre operaciones relacionadas con el presunto contrabando de combustibles.
Las investigaciones también incluyen una línea relacionada con presuntos contactos o relaciones con personas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Las autoridades buscan establecer quiénes serían esas personas, cuál habría sido la naturaleza de los contactos y si existe alguna conexión entre esta línea de investigación, las operaciones de presunto huachicol fiscal y el supuesto desvío de recursos públicos.
Sin embargo, hasta ahora se trata de líneas de investigación ministerial. Los señalamientos no constituyen una sentencia ni acreditan responsabilidad penal de Ana Paty Peralta o de las demás personas mencionadas.
Después de que se difundieran las versiones sobre la cancelación de su visa, Ana Paty Peralta respondió públicamente y aseguró que lo publicado sobre ella y su familia es falso.
La funcionaria afirmó que su documentación se encuentra en orden, con lo que rechazó la versión sobre la revocación de su visa estadounidense.
El caso ocurre mientras Ana Paty Peralta participa en el escenario político de Quintana Roo rumbo a las elecciones de 2027, en las que estará en juego la gubernatura estatal.
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