Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno, aclaró que una orden de aprehensión o el hecho de que una persona esté siendo procesada no impide, por sí mismo, su registro como candidato a un cargo de elección popular.
El funcionario explicó que este tema fue motivo de debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al considerar que establecer dicha condición como impedimento podría utilizarse para excluir a una persona de una contienda electoral.
De acuerdo con Zaldívar, el criterio no determina que una persona deba quedar fuera de un proceso electoral únicamente por enfrentar un proceso judicial, pues ello podría utilizarse para “quitar a alguien de la contienda”.
En el caso específico de un exgobernador que cuenta con una orden de aprehensión, el coordinador general de Política y Gobierno señaló que corresponde al Tribunal Electoral determinar si dicha situación jurídica es compatible con una eventual postulación a un cargo de elección popular.
De esta manera, Zaldívar puntualizó que será la autoridad electoral competente la que deberá analizar el caso concreto y establecer si existen impedimentos legales para que la persona pueda registrarse y participar en una elección.
