La senadora del Partido Acción Nacional (PAN) por Quintana Roo, Mayuli Martínez Simón, exigió que se investiguen los vuelos privados atribuidos a la gobernadora Mara Lezama, luego de una investigación periodística que documentó traslados en aeronaves privadas durante los últimos años.
El señalamiento ocurre después de que un reportaje basado en registros migratorios y aeroportuarios identificara 97 movimientos relacionados con vuelos privados de Mara Lezama, considerando su etapa como presidenta municipal de Benito Juárez, cuya cabecera es Cancún, y posteriormente como gobernadora de Quintana Roo.
Martínez, junto con otros legisladores panistas, planteó que las autoridades fiscalizadoras revisen el origen de los recursos utilizados para cubrir los vuelos, así como las empresas propietarias u operadoras de las aeronaves y si alguna de ellas mantiene o mantuvo contratos con gobiernos encabezados por Lezama.
El PAN también pidió la intervención de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para determinar si existieron posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
De acuerdo con la información difundida sobre la investigación, los registros abarcan el periodo de 2018 a 2025. En el caso de Lezama se contabilizaron 119 movimientos migratorios, de los cuales 97 estarían relacionados con vuelos privados. Entre los destinos mencionados aparecen Orlando, Florida, y Vail, Colorado.
La investigación también señala que durante su etapa como alcaldesa de Benito Juárez se habrían registrado 31 vuelos privados. Posteriormente, ya como gobernadora, se habrían registrado otros movimientos en aeronaves privadas.
Ante los cuestionamientos, Mara Lezama reconoció haber realizado viajes en aviones privados, pero rechazó que éstos hayan sido pagados con recursos públicos.
La gobernadora también cuestionó la cifra de 97 vuelos y aseguró que los traslados tuvieron motivos familiares o estuvieron relacionados con sus responsabilidades como servidora pública.
La mandataria estatal sostuvo que sus viajes particulares nunca fueron solventados con dinero del erario y afirmó que la cifra difundida no corresponde con la realidad.
El caso mantiene el debate político en Quintana Roo sobre el uso de aeronaves privadas por funcionarios y la necesidad de transparentar el origen y destino de los recursos empleados para esos traslados.
