La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que su administración haya implementado una política de censura contra periodistas o medios de comunicación, luego de la polémica provocada por la presentación de un supuesto esquema de amplificación de contenidos en redes sociales, expuesto por la consejera jurídica, Luisa María Alcalde.
Durante su conferencia matutina, la mandataria explicó que el ejercicio presentado no tenía como objetivo elaborar una “lista de malos periodistas”, sino mostrar la manera en que una información puede ser retomada por diferentes cuentas y medios hasta convertirse en una tendencia dentro de las redes sociales.
Sheinbaum señaló que entre los ejemplos analizados se encontraban publicaciones relacionadas con expresiones como “narcogobierno”, “narcopresidente” y “narcocandidata”, así como contenidos sobre presuntas deficiencias en el abasto de medicamentos en instituciones de salud que, posteriormente, fueron aclarados por las propias autoridades.
También cuestionó la difusión de imágenes que corresponden a otros países y que, según dijo, han sido presentadas como hechos ocurridos en México, situación que consideró puede contribuir a la propagación de información falsa o descontextualizada.
La presidenta negó que desde Palacio Nacional se hayan dado instrucciones para retirar a periodistas de espacios de comunicación o limitar sus críticas al Gobierno.
“No hay censura. No hay un periodista que haya sido retirado de un programa por instrucción de Presidencia”, sostuvo.
Sin embargo, reconoció que la inclusión de nombres de periodistas dentro de este tipo de presentaciones generó inquietud y consideró que, para evitar nuevas controversias, estos datos podrían dejar de utilizarse.
“Si eso fue lo que provocó este problema, que ya no se digan estos nombres”, señaló.
La mandataria defendió que continúe el análisis sobre el comportamiento de las redes sociales y la manera en que determinados contenidos pueden alcanzar una mayor difusión y convertirse en tendencias.
Asimismo, Sheinbaum reivindicó el derecho de réplica de las autoridades frente a la información difundida por medios de comunicación, particularmente cuando el Gobierno considere que una publicación contiene datos falsos, inexactos o presentados fuera de contexto.
La controversia se da en medio de la discusión sobre los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias y ante las preocupaciones expresadas por organizaciones y representantes de medios de comunicación sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.
