El especialista en Fuerzas Armadas Juan Ibarrola consideró poco probable una intervención militar directa, pero advirtió que Washington podría aumentar la presión sobre México para que actúe contra políticos señalados por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Las declaraciones del gobierno de Estados Unidos sobre la posibilidad de emprender acciones por tierra contra grupos del narcotráfico en México podrían incrementar la presión sobre el gobierno mexicano y poner a prueba la cooperación bilateral en materia de seguridad, consideró el especialista en Fuerzas Armadas Juan Ibarrola.
El analista señaló que una incursión militar estadounidense en territorio mexicano sería un escenario de alta tensión y consideró poco probable que Washington opte directamente por una intervención armada.
Explicó que México y Estados Unidos mantienen una relación de colaboración entre sus Fuerzas Armadas y distintas instituciones de seguridad, por lo que una operación militar unilateral estadounidense representaría un cambio radical en esa relación.
“Si Estados Unidos se refiere a que sus agencias, la CIA, la DEA, el FBI, van a hacer este tipo de acciones, pues sería prácticamente una declaración de guerra”, afirmó.
Para Ibarrola, el mensaje de Washington no necesariamente tiene como objetivo principal conseguir la captura o entrega de integrantes del crimen organizado, sino presionar a México para investigar a funcionarios y políticos que Estados Unidos considera vinculados con grupos criminales.
“Ya no le interesa a Estados Unidos que le mandemos delincuentes. Lo que le interesa es que le mandemos políticos o gobernantes que han apoyado diferentes grupos o que estos grupos los han apoyado a ellos”, sostuvo.
El especialista consideró que la preocupación de Estados Unidos estaría relacionada con los posibles vínculos entre integrantes del crimen organizado y autoridades de distintos niveles de gobierno, debido a que estas relaciones podrían permitir que las organizaciones criminales operen con mayor impunidad.
Ante la posibilidad de que Estados Unidos envíe tropas a México para combatir directamente a los cárteles, Ibarrola consideró que existen otras alternativas que Washington podría utilizar antes de llegar a una intervención militar.
Entre ellas mencionó la presión diplomática, la cancelación de visas, acuerdos con personas investigadas y posibles negociaciones para que algunos señalados sean entregados a las autoridades estadounidenses.
El especialista puso como ejemplo el caso de Ismael “El Mayo” Zambada, cuya llegada a Estados Unidos en 2024 generó diversas versiones sobre las circunstancias de su captura y traslado.
De acuerdo con Ibarrola, Washington podría buscar nuevamente mecanismos de cooperación o acuerdos con personas vinculadas con organizaciones criminales para obtener información y llevarlas ante la justicia estadounidense.
Ibarrola advirtió que la presión de Estados Unidos hacia México podría continuar e incluso incrementarse durante los próximos meses.
Señaló que la estrategia de Washington no se limita a los integrantes de grupos criminales, sino que también podría alcanzar a funcionarios, gobernadores, exfuncionarios y empresarios señalados por las autoridades estadounidenses.
En ese contexto, mencionó que la cancelación de visas a personas vinculadas con el ámbito político o empresarial también puede convertirse en una herramienta de presión.
“Esto no va a acabar. El gobierno americano encontró una vía que es esta, presionar a México”, afirmó.
Ante el escenario de una eventual operación estadounidense en territorio nacional, el especialista consideró que México debería privilegiar la cooperación y la negociación directa con Washington para evitar que las diferencias escalen.
Ibarrola planteó que la presidenta Claudia Sheinbaum debería buscar un acuerdo directo con el presidente estadounidense Donald Trump, en el que ambos países establezcan mecanismos de colaboración para combatir problemas como el tráfico de fentanilo y la violencia generada por las organizaciones criminales.
También consideró que México podría investigar y, en su caso, procesar dentro del país a funcionarios señalados, en lugar de que necesariamente sean extraditados a Estados Unidos.
“Esto se pueden llegar a acuerdos. No necesariamente que extraditen políticos, pero sí quizá que le detengan en México y que paguen las penas que tienen que pagar en México”, planteó.
Para Ibarrola, una incursión militar estadounidense tendría consecuencias mucho mayores que la captura de un integrante del crimen organizado, particularmente si la operación involucrara a gobernadores en funciones o autoridades mexicanas.
Por ello, insistió en que el escenario de una intervención terrestre debe analizarse con cautela, pero también advirtió que México no debería minimizar las declaraciones provenientes de Washington.
“Donald Trump ha sido sumamente congruente con lo que dice y con lo que hace, es decir, sí lo cumple”, afirmó.
El especialista concluyó que la presión estadounidense podría mantenerse, especialmente conforme se acerquen los procesos electorales en ambos países, por lo que consideró necesario que México fortalezca la cooperación bilateral sin permitir una vulneración de su soberanía.
