Treinta organizaciones ambientales y comunitarias rechazaron este jueves la evaluación presentada por el Gobierno mexicano sobre el uso de la fracturación hidráulica ('fracking') y exigieron prohibir la técnica en todo el país, al considerar que el comité científico excluyó a las poblaciones afectadas y no demostró que las nuevas tecnologías eliminen los riesgos.
El pronunciamiento ocurre luego de que el grupo de expertos, convocado por la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, planteara continuar los estudios en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, ubicadas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, noreste del país.
Aunque los especialistas descartaron la técnica en Tampico-Misantla por sus riesgos sociales y ambientales, las ONG advirtieron que proteger esa región "no basta", pues continuar la exploración en las otras dos cuencas podría exponer a los mismos peligros a comunidades del noreste, una zona afectada por la escasez de agua.
Por ello, reclamaron una prohibición constitucional del 'fracking' en todo el territorio mexicano "como única garantía de protección a los derechos universales a la salud y un medio ambiente sano".
Las organizaciones cuestionaron además la composición del comité, al señalar que no incluyó a representantes de las comunidades potencialmente afectadas ni a especialistas en epidemiología, derechos humanos y territorios indígenas.
En un comunicado, criticaron que el comité "no buscaba responder si México debía prohibir el uso del fracking, sino cómo usarlo con menos culpa".
También rechazaron el argumento de los expertos de que el agua salada, el reciclaje y los nuevos aditivos podrían reducir considerablemente los daños de la técnica.
Según las ONG, esas alternativas continúan en fase experimental y no existe evidencia científica sólida de que eliminen los riesgos de contaminación de acuíferos, fugas de metano, sismos inducidos y daños a la salud.
“Tratarlo solo como ingeniería es ya una forma de manipular el debate”, advirtieron.
Además, criticaron que la evaluación no precise cómo se manejarían los residuos ni prohíba su descarga en cuerpos de agua, y que tampoco garantice la publicación de su ubicación, volumen y composición química.
Las ONG insistieron en que la inyección de las aguas residuales en pozos podría contaminar los acuíferos y provocar sismos, mientras que su tratamiento es costoso y no siempre elimina metales, compuestos disueltos y materiales radiactivos.
Según una investigación de CartoCrítica, extraer apenas el 10 % de los recursos prospectivos de gas no convencional requeriría más de 25.000 pozos y alrededor de 1.923 millones de metros cúbicos de agua dulce.
Finalmente, las organizaciones estimaron que más de seis millones de personas viven dentro de las zonas con potencial de extracción o en sus áreas de influencia, y que ocho de cada diez litros requeridos para el fracking se utilizarían en condiciones de riesgo hídrico grave.
El pronunciamiento fue suscrito por una treintena de ONG y colectivos, entre ellos, la Alianza Mexicana contra el Fracking, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Greenpeace México y Noreste Sin Fracking.
EFE
