El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, confirmó este miércoles que el Gobierno federal retoma las negociaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), con la mira puesta en un solo objetivo: que millones de niñas y niños en todo el país puedan cerrar su ciclo escolar sin más interrupciones.
El anuncio lo hizo el propio funcionario a través de sus redes sociales, donde detalló que la reunión arrancará a las 13:30 horas del mismo día. No será una mesa menor: al encuentro asistirán la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, representantes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y, por supuesto, la propia Secretaría de Educación Pública (SEP).
Con ese peso institucional en la mesa, la señal del Ejecutivo federal es clara: estas negociaciones van en serio y hay voluntad política para cerrar un acuerdo.
En su mensaje, el titular de la SEP no dejó lugar a dudas sobre el propósito del encuentro:
"El día de hoy a las 13:30 horas continuará el diálogo con la CNTE y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el ISSSTE y la Secretaría de Educación Pública, con el fin de concretar compromisos para que todas las niñas y niños del país puedan cerrar satisfactoriamente y sin contratiempos el ciclo escolar."
Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública
La frase "concretar compromisos" es la clave. No se habla ya de escuchar peticiones ni de explorar posibilidades: el Gobierno llega a esta mesa buscando acuerdos concretos y firmados.
Para entender lo que está en juego en esta mesa, hay que saber qué llevó a la CNTE a movilizarse en la Ciudad de México. El magisterio disidente —que agrupa a docentes de varios estados del país, con una presencia histórica especialmente fuerte en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán— tiene sobre la mesa un pliego de demandas que no es nuevo, pero que sigue sin resolverse.
Las exigencias del movimiento se pueden agrupar en tres grandes bloques:
Las movilizaciones que mantiene la CNTE en la capital del país han generado afectaciones a la circulación y a la dinámica de la ciudad, lo que aumenta la presión sobre las autoridades para alcanzar un acuerdo cuanto antes.
El contexto hace que estas negociaciones tengan una urgencia particular. El ciclo escolar 2024-2025 se acerca a su recta final y cualquier extensión del conflicto amenaza con dejar a miles de estudiantes sin el cierre formal de su año académico: sin exámenes, sin calificaciones, sin ceremonia de graduación.
Para las familias mexicanas, especialmente las de escasos recursos que dependen completamente de la escuela pública, cada día de paro es un día perdido que difícilmente se recupera. En estados como Chiapas u Oaxaca, donde la CNTE tiene mayor presencia y donde los paros tienden a ser más prolongados, el impacto en los aprendizajes puede ser significativo.
Eso explica por qué el Gobierno federal, lejos de endurecer el tono, ha optado por mantener abiertas las puertas del diálogo y por llevar a la mesa a figuras de peso como la titular de Gobernación. En el fondo, se trata de proteger el derecho a la educación de niñas y niños que no tienen ninguna responsabilidad en el conflicto laboral.
El pulso entre la CNTE y el Gobierno federal no es algo nuevo. Durante décadas, este sindicato disidente ha protagonizado movilizaciones que han puesto a prueba a distintas administraciones. Sin embargo, el contexto actual tiene sus particularidades: el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum ha apostado por una relación de diálogo con el magisterio, y romper esa dinámica tendría costos políticos importantes.
Por su parte, la CNTE sabe que el cierre del ciclo escolar le da una palanca de negociación real. Los padres de familia, la opinión pública y los propios estudiantes son actores que pesan en la ecuación, y eso obliga a ambas partes a buscar una salida negociada antes de que el conflicto escale a un punto de no retorno.
Lo que ocurra en la mesa de este miércoles marcará, en buena medida, cómo termina este capítulo del histórico enfrentamiento entre el Estado mexicano y el magisterio organizado. Los maestros exigen respuestas concretas; el Gobierno dice estar listo para darlas. Ahora toca ver si las palabras se convierten en acuerdos.
