La reciente aprobación de una nueva causal de nulidad electoral, conocida mediáticamente como “Ley Monreal”, ha generado preocupación entre especialistas en materia jurídica y electoral, debido a las implicaciones que podría tener para futuros procesos democráticos en México.
Entrevistado en Periodismo de Análisis de XEU, el abogado electoral Fernando Landeros advirtió que esta reforma abre la puerta a solicitar la anulación de elecciones cuando se argumente una presunta intervención extranjera que afecte la voluntad popular, aunque actualmente no exista una legislación secundaria que establezca cómo deberá aplicarse este nuevo supuesto.
“Ya es texto legal, lo preocupante aquí es que al no existir una ley secundaria (…) va a dejar un marco de interpretación grandísima”, señaló.
La modificación fue aprobada durante una extensa jornada legislativa en el Congreso de la Unión, en la que también se avalaron cambios relacionados con la elección judicial y la permanencia de magistrados electorales.
De acuerdo con el especialista, la nulidad de una elección representa “la pena máxima” dentro del sistema electoral mexicano, ya que implica invalidar el resultado de las urnas y, con ello, la voluntad ciudadana.
“Estás anulando incluso la voluntad popular”, afirmó.
Landeros explicó que el nuevo supuesto constitucional contempla la posibilidad de invalidar una elección si se acredita la “intromisión de agentes externos” que influyan en el proceso electoral.
Sin embargo, alertó que el texto aprobado es ambiguo y podría prestarse a interpretaciones amplias por parte de los tribunales electorales.
“Con ese texto, en un contexto como el que nos encontramos ahorita, en que las redes sociales prácticamente nos conectan a todos los países (…) corremos el grandísimo riesgo de que algún actor político ahora se arrope de esas manifestaciones y solicite la anulación de la elección”, sostuvo.
El especialista señaló que incluso opiniones emitidas por presidentes o funcionarios extranjeros podrían ser utilizadas como argumento para promover recursos de nulidad.
“La solicitud está expresa. Ya con ese supuesto, cualquier persona que se sienta agraviada puede solicitar la anulación de la elección”, indicó.
No obstante, reconoció que demostrar que una declaración extranjera fue determinante para modificar el resultado electoral sería “prácticamente imposible”.
Fernando Landeros también criticó que la reforma no contemplara como causal de nulidad la intervención del crimen organizado en las elecciones, pese a que —dijo— existen antecedentes acreditados por tribunales electorales en distintos estados del país.
“Parece que el legislador está preocupado por algunas cuestiones que vienen del exterior hacia nuestro país y olvida (…) los riesgos internos que tiene la integridad electoral actualmente”, expresó.
Recordó que en procesos electorales anteriores se documentó la intervención del crimen organizado en entidades como Sinaloa, Michoacán y Tamaulipas.
Asimismo, cuestionó la rapidez con la que fue aprobada la reforma, al considerar que los cambios electorales requieren análisis más profundos y consensos entre todas las fuerzas políticas.
“En una semana no se puede legislar en materia electoral”, enfatizó.
Finalmente, advirtió que, si no se aprueba una ley reglamentaria que precise los alcances de esta nueva causal de nulidad, serán los magistrados electorales quienes determinen su interpretación en futuros procesos.
“Las reformas electorales son las reglas de acceso al poder (…) este tipo de fast track genera muchos daños a la certidumbre jurídica y sobre todo a la confianza y legitimidad de las elecciones”, concluyó.
