Estados Unidos lleva muchos años investigando a políticos mexicanos que se han coludido con la delincuencia organizada, pero anteriormente ocupaba esa información para presionar al gobierno y ahora va por ellos, señala David Saucedo, consultor y analista en materia de seguridad.
En entrevista indicó que el caso de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, del senador Enrique Inzunza, el alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, es diferente a lo que estaba acostumbrado el gobierno de México.
"Independientemente de lo comercial o migratorio, el gobierno norteamericano sí está interesado en llevar a juicio a políticos mexicanos (...) Los norteamericanos tienen décadas investigando la corrupción política en México y tienen muchas fuentes de información".
Sostuvo que la justicia estadounidense tiene datos certeros de las prácticas criminales que han cometido presidentes municipales, gobernadores, legisladores, integrantes de la jerarquía católica y militar, entre otros personajes de la vida pública del País, que han sido relacionados con el narcotráfico.
"Toda esta información servía para chantajear negociaciones comerciales, migratorias, políticas y al gobierno de México y obtener concesiones, en este caso no fue así".
Afirmó que la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se equivocó al creer erróneamente que las acusaciones en contra del mandatario sinaloense podrían canjearse a cambio de acuerdos en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) u otras peticiones.
"Finalmente el gobierno norteamericano está utilizando la información que seguramente les proporcionó Los Chapitos y El Mayo Zambada sobre la cadena de sobornos que recibió Rocha Moya pero ya no para tener ventajas comerciales o migratorias sino para obtener procesos firmes para su posible extradición, juicio y encarcelamiento en Estados Unidos".
Recordó que en Estados Unidos se le da mucho peso al testimonio oral de los involucrados en los delitos, por lo que en la lógica de la justicia norteamericana existen elementos para asegurar que Rocha Moya es un "narcogobernador", aunado a las investigaciones periodísticas que existen sobre el tema.
El analista señala que aunque la presidenta Claudia Sheinbaum públicamente ha fijado una postura de combate, "casi antinorteamericana", en los hechos está siguiendo las directrices de Washington al pedirle a los acusado de pedir licencia a sus cargos, algo que no necesariamente signifique que vaya a extraditarlos.
Foto: X
