El abogado Jorge Mario de la Garza, presidente de PertenecesAC, advirtió que una resolución de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación abre un debate sobre los límites entre la vida privada y las sanciones electorales.
El caso involucra a Emma Zermeño, funcionaria de la Secretaría de las Mujeres de Sinaloa, quien sostuvo conversaciones privadas por WhatsApp con un conocido sobre una diputada de Morena. Posteriormente, esa persona filtró capturas de pantalla que fueron utilizadas para presentar una denuncia por violencia política de género.
Aunque el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa consideró improcedente analizar el caso por tratarse de comunicaciones privadas, la Sala Regional revocó la decisión y determinó sancionarla.
De la Garza señaló que, aunque es indispensable combatir la violencia política de género, sancionar mensajes privados que nunca fueron difundidos públicamente podría sentar un precedente riesgoso.
Advirtió que, de mantenerse este criterio, cualquier conversación privada filtrada por terceros podría terminar en tribunales, lo que pondría en riesgo derechos como la privacidad, la libertad de expresión y la seguridad jurídica.
La Sala Regional del Tribunal Electoral acaba de abrir una discusión muy seria: sancionar a una ciudadana por mensajes enviados en un chat privado de WhatsApp. El caso surge porque una activista sostuvo conversaciones con un supuesto amigo sobre una diputada. Ese amigo después… pic.twitter.com/6CYlJNjGAV
— José Mario (@JoseMarioMX) March 6, 2026
