Un juzgado federal concedió un amparo contra el delito de “ciberasedio” en el estado de Puebla, al considerar que el artículo 480 del Código Penal local, reformado en 2025, es inconstitucional por su redacción ambigua y por vulnerar la libertad de expresión.
El caso fue impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, el cual informó que la resolución judicial determinó que la norma no define con claridad cuáles conductas están prohibidas, lo que genera incertidumbre jurídica y abre la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de la autoridad.
De acuerdo con la sentencia, esta falta de precisión convierte al delito en un mecanismo de censura estatal, ya que permite decidir de manera amplia qué expresiones pueden considerarse “ilícitas”, lo que posibilita sancionar discurso protegido constitucionalmente, incluida la crítica pública.
El juzgado también reconoció la existencia del llamado “efecto inhibitorio”, al señalar que cuando una ley penal es vaga, las personas optan por autocensurarse para evitar posibles sanciones, afectando con ello la deliberación democrática y el libre intercambio de ideas, particularmente en redes sociales.
No obstante, el Consejo precisó que, debido a las reformas impulsadas por Morena en materia de amparo, la resolución solo protege a la persona que promovió el recurso, por lo que sus efectos no se extienden de manera general a toda la población de Puebla.
A pesar de ello, el organismo destacó que el fallo establece un precedente relevante, al reconocer que el uso del derecho penal para regular el discurso en plataformas digitales, sin reglas claras y precisas, vulnera estándares constitucionales básicos en materia de libertad de expresión.
