La consultora Integralia presentó su reporte anual “Diez riesgos políticos para 2026”, en el que advierte sobre escenarios que podrían incrementar la incertidumbre jurídica, debilitar la inversión y complicar el entorno de negocios en México, informó Frida Mosqueda, consultora de la firma.
En entrevista para XEU, explicó que el principal riesgo es la aprobación de una reforma electoral que vulneraría la integridad del sistema electoral, al debilitar la capacidad operativa de los órganos electorales y restringir la competencia política. Este escenario, advierte Integralia, afianzaría la concentración de poder del oficialismo y afectaría la organización de elecciones equitativas, confiables y transparentes.
Un segundo foco de alerta es que la revisión del T-MEC se convierta en una renegociación, obligando a México a realizar concesiones en materia de seguridad, barreras no arancelarias, contenido regional y contención a China en inversión y comercio. Esto generaría incertidumbre para los inversionistas, además de desafíos logísticos y mayores costos operativos para las empresas.
El reporte también advierte que podría prolongarse la debilidad de la inversión, derivada de la incertidumbre asociada a la implementación de reformas previamente aprobadas —como la judicial, la desaparición de órganos autónomos, la Ley de Amparo, aduanas y aguas—, así como por señales contradictorias del gobierno, especialmente en sectores estratégicos como energía, telecomunicaciones e infraestructura.
Entre los riesgos externos, Integralia señala que el mayor intervencionismo de Estados Unidos en América Latina, incluido México, podría detonar tensiones diplomáticas, reacciones nacionalistas o consecuencias políticas no previstas, elevando el riesgo político a nivel hemisférico.
En el ámbito interno, se prevé un aumento de la conflictividad social, con posibles bloqueos carreteros, retrasos logísticos y afectaciones al clima de negocios, riesgos que podrían intensificarse durante la Copa Mundial de Futbol, cuando distintos grupos buscarían visibilizar sus demandas.
El documento también anticipa un endurecimiento de las tensiones entre el gobierno y el sector empresarial, producto de la frustración oficial por los limitados resultados del Plan México y el bajo crecimiento económico.
Otro riesgo relevante es el desempeño del nuevo Poder Judicial, cuya politización, falta de experiencia y búsqueda de una justicia “cercana a la gente” en su primer año podrían provocar fallas procedimentales, retrasos en tribunales y sentencias con débil sustento jurídico, afectando tanto a empresas específicas como al entorno de negocios en general.
En materia de seguridad, Integralia advierte que persistirán los regímenes criminales en diversas regiones del país, debido a la impunidad para desarticular redes de corrupción y los vínculos entre funcionarios, políticos y el crimen organizado, riesgo que se agravaría conforme se acerque el proceso electoral de 2027.
Asimismo, la aprobación de nuevas reformas en ámbitos fiscales, laborales y sectoriales podría incrementar la incertidumbre regulatoria y dificultar el crecimiento económico.
Finalmente, el reporte alerta sobre el deterioro operativo de Pemex, derivado de la insuficiencia de inversión pública y privada, la caída adicional de la producción, la apuesta por la refinación y la elevada deuda con proveedores, lo que obligaría al gobierno federal a incrementar el apoyo financiero a la empresa estatal más allá de 2026.
Integralia subraya que este análisis busca ofrecer a empresas y actores económicos un mapa de riesgos que permita anticiparse, adaptarse y tomar decisiones estratégicas en un entorno político y económico cada vez más complejo.