Aunque la reforma legal para combatir la extorsión ha sido presentada como un avance significativo, su eficacia dependerá de su cumplimiento real y de la coordinación gubernamental, advirtió el especialista en seguridad nacional Emilio Vizarretea.
En entrevista para XEU, Emilio Vizarretea, considera que la reforma parte de buenas intenciones: prevenir, acotar, combatir y erradicar la extorsión. Sin embargo, subrayó que las leyes “que no se aplican o no se cumplen distorsionan su objetivo original”.
La preocupación central, dijo, es que en el clima actual de polarización política y crispación social, la discusión sobre la ley podría perderse, dejando sin atender la compleja realidad del país.
El especialista describió un panorama contradictorio: aunque existen reportes de disminución en homicidios dolosos, las desapariciones aumentan, la percepción internacional sobre la seguridad sigue siendo negativa y se ha debilitado la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de impartir justicia.
“Las cifras alegres no coinciden con la realidad del territorio. La violencia sigue igual”, afirmó.
Sobre las propuestas para elevar las penas por extorsión —hasta entre 20 y 37 años de cárcel—, Vizarretea reconoció que el acuerdo legislativo incorpora demandas importantes, como la posibilidad de imputar a autoridades que no atiendan denuncias o actúen como cómplices por omisión.
Este elemento es clave, señaló, porque durante años algunas autoridades “se hacían a un lado” frente al delito, generando impunidad y vulnerabilidad para la ciudadanía y el sector productivo.
La extorsión, en especial el llamado derecho de piso, impacta de manera directa en la actividad económica del país. La Coparmex ha denunciado que este delito “tiene de rodillas” a los empresarios, y Vizarretea coincide en el diagnóstico.
Explicó que un indicador claro es el aumento de primas de seguros para transportistas: “las aseguradoras han incrementado más del 25% sus tarifas, porque el riesgo de asaltos y extorsiones es patente”.
Añadió que los sectores productivos enfrentan presiones constantes: “aguacateros, limoneros, jitomateros, productores de naranja… todos tienen un gramaje establecido por los grupos criminales. Doble derecho de piso, doble extorsión, doble fraude”.
Pese a considerar que la reforma es un avance, Vizarretea fue tajante: sin resultados concretos, la percepción empresarial y ciudadana no cambiará.
“Mientras no haya resultados, el costo será altísimo. La extorsión no solo afecta la productividad, sino los ingresos de los consumidores”, dijo. Tanto la Coparmex como el Consejo Coordinador Empresarial y empresarios individuales continúan advirtiendo que el delito lastima seriamente la economía del país.
