Los principales estudios de cine, televisión y servicios de streaming urgieron al gobierno del presidente Donald Trump a supervisar la actuación del nuevo Poder Judicial de México para asegurar que sus resoluciones estén en línea con los compromisos del país bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC).
De acuerdo el diario Reforma, que publicó extractos del documento enviado a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), estudios como Sony, Netflix, Universal, Disney, Warner Bros y Amazon, agrupados en la Motion Picture Association (MPA), manifestaron preocupación por la falta de leyes reglamentarias que permitan implementar las reformas de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, necesarias para cumplir con el tratado.
“La MPA insta al Gobierno de EU a mantenerse vigilante de la implementación y el cumplimiento efectivo por parte de México de las reformas legales necesarias para el T-MEC, especialmente tras las reformas judiciales de 2024”, señalaron los estudios.
Además, pidieron supervisar de cerca las resoluciones del nuevo Poder Judicial mexicano para garantizar que se protejan eficazmente los derechos de propiedad intelectual.
Los estudios recomendaron incluir en la revisión del T-MEC de 2026 una carta adjunta en la que México se comprometa a implementar la Ley Federal de Protección del Patrimonio Cultural de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas de 2022, así como la reforma al Artículo 2 constitucional de 2024, de acuerdo con las obligaciones del país bajo el tratado.
“El Gobierno de EU debe alentar a las autoridades mexicanas a implementar estas reformas con transparencia, claridad jurídica y en consonancia con los compromisos del T-MEC, incluyendo la consulta con los titulares de derechos”, indicaron.
Desde 2024, la MPA ha señalado su preocupación por posibles efectos a la libertad de expresión derivados de la reforma al Artículo 2, que reconoce a pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“Existe una preocupación significativa de que las autoridades puedan usar estas regulaciones para censurar y limitar la libertad de expresión de los creadores y medios, así como impedir la distribución de obras y productos culturales tradicionales. Esto aumenta la incertidumbre jurídica en México en materia de inversiones audiovisuales”, concluyeron.
Fuente: Reforma
