La organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que la reforma constitucional que introdujo la elección popular de jueces en México ha debilitado gravemente la independencia del Poder Judicial. Este 1 de septiembre, la mitad del Poder Judicial Federal, incluidos seis de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tomó posesión tras las elecciones celebradas el pasado 1 de junio.
La reforma, impulsada por la coalición gobernante liderada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, fue aprobada en septiembre de 2024. El cambio eliminó la inamovilidad judicial y estableció elecciones periódicas para jueces, seleccionados a partir de comités evaluadores nombrados por el Ejecutivo, el Senado y la Corte.
HRW denunció que el proceso estuvo plagado de irregularidades: comités sin reglas claras, criterios vagos de evaluación, plazos apresurados, baja participación electoral (13 %) y una fuerte influencia del partido gobernante en la selección de candidatos. Los seis nuevos ministros del máximo tribunal fueron preseleccionados por el comité del Ejecutivo.
“Es probable que esta reforma solo cree un poder judicial leal al gobierno”, advirtió Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW.
La Organización de los Estados Americanos (OEA), que observó las elecciones, también cuestionó la transparencia del proceso y el uso de “acordeones” para promover candidatos específicos. Además, criticó la creación del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, cuyos miembros —también electos— tienen amplios poderes para sancionar a jueces por criterios ambiguos.
HRW y organismos internacionales han enfatizado que los jueces deben ser nombrados con base en méritos profesionales, no por afiliación política, y contar con garantías de permanencia e independencia.
La otra mitad del Poder Judicial será elegida en 2027. HRW instó a las autoridades mexicanas a derogar la reforma o establecer salvaguardas sólidas que garanticen la imparcialidad del proceso judicial.
mb
