Este martes se llevó a cabo la audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para debatir sobre la reforma judicial en México, impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador y que se implementa ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum.
Por parte del Estado mexicano, la embajadora ante la OEA, Luz Baños, dijo que la reforma fue impulsada con el fin de fortalecer el sistema de justicia en el país.
“Este proceso fue impulsado por la necesidad de eficientar nuestro sistema judicial para combatir la corrupción y el nepotismo, y para garantizar la transparencia y rendición de cuentas de juezas y jueces en México”.
La representante del Estado mexicano afirmó que el proceso de reforma se desarrolló de conformidad con el marco normativo nacional.
En tanto que José Antonio Montero Solana, consejero jurídico del Ejecutivo federal, dijo ante el pleno de la CIDH que “la reforma está vigente, no acepta un control jurisdiccional. Acerca la justicia a la gente, esta reforma ya es una realidad en México”.
Y agregó: “El apoyo popular fue apabullante, fue una decisión de la soberanía popular”.
En su momento, Claudia Helena Hurtado, Jueza de Distrito en México, acusó que la reforma judicial ha implicado violencia política de género.
“Es importante señalar que la reforma, desde su gestación, ha implicado una violencia institucional y política de género, que ha impactado mayormente a las mujeres con relación a los hombres”, apuntó.
La juzgadora mexicana apuntó que “al 30 de septiembre de 2024, 289 mujeres son juezas de distrito y 197 magistradas. A partir del proceso masivo de destitución arbitraria, para 2027, la totalidad de las operadoras de justicia ene l ámbito federal, es decir, 486 mujeres seremos removidas”.
Y acusó: “En otras palabras, 486 mujeres que habíamos logrado romper el techo de cristal seremos, paradójicamente, invisibilizadas y destituidas por otra mujer. Así, le decimos a la presidenta que se equivoca, ya que, desafortunadamente, no llegamos todas”.
Por su parte, la Comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, dijo que “la Comisión Interamericana está evidentemente muy preocupada por esta situación, esta reforma judicial”.
Comentó que en la intervención en el asunto todavía no ha mostrado todas las posibilidades y todas las potencialidades que tiene el sistema interamericano.
“Tiene un sistema contradictorio, tiene un sistema contencioso, que puede utilizarse cuando se hayan agotado los recursos internos, cuando se hayan transitado las instancias judiciales eventualmente en el país y eventualmente la Comisión Interamericana va a intervenir de otra manera”, agregó.
Asimismo, apuntó que en este momento, la Comisión puede escuchar y recibir información de las partes involucradas y, “eventualmente manifestar nuestra preocupación como lo hemos hecho oportunamente en septiembre, cuando la reforma se aprobó”, así como facilitar instancias de diálogo, participación, además del diálogo.
“Vamos a estar monitoreando la situación, vamos a estar monitoreando la implementación de la reforma, las distintas leyes complementarias que se vayan aplicando, cómo se vayan dando las discusiones en relación con la posible afectación de derechos individuales”, afirmó la comisionada de la CIDH.
El Comisionado de la CIDH, Carlos Bernal, dijo que la reforma judicial en México “es un ejemplo de manual de abuso de constitucionalismo, de constitucionalismo abusivo. Cuando un gobierno intenta desmontar los contrapesos, los controles al Ejecutivo”.
Recordó que “se ha visto en los autoritarismos de nuestro tiempo en el mundo entero, y yo creo que el caso de México es de libro”.
