La Federación Latinoamericana de Magistrados (FLAM) pidió al gobierno de México respetar la independencia judicial y evitar actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios.
En el marco del análisis de la reforma al Poder Judicial, y previo a su discusión en comisiones de la Cámara de Diputados, la FLAM reiteró su preocupación por la iniciativa de reforma que promueve la elección de jueces a través del voto popular.
Apuntan que es alarmante la situación, debido a que la reforma sería aplicada de manera retroactiva, desconociendo los derechos adquiridos de aquellos magistrados designados legítimamente a la luz del sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento.
A continuación el comunicado:
La FEDERACIÓN LATINOAMERICANA DE MAGISTRADOS – FLAM-, entidad representativa de los jueces y juezas de 18 países de Latinoamérica, que tiene entre sus objetivos procurar la independencia permanente, real y efectiva del Poder Judicial, en todos sus aspectos, como condición esencial de la función jurisdiccional; cautelar y defender la dignidad y el prestigio de la función jurisdiccional:
I. EXPRESÓ en el comunicado emitido el pasado 30 de julio SU PROFUNDA PREOCUPACIÓN por los proyectos legislativos que promueven la designación de los magistrados utilizando mecanismos que permitan el voto de la ciudadanía para la elección de los jueces que integran el Poder Judicial, equiparándolo a la elección popular de los cargos políticos que habrán de integrar los otros poderes del Estado. Esa situación se configura en el proyecto de reforma constitucional impulsado en los Estados Unidos Mexicanos.
Esa preocupación es más alarmante en este caso, que promueven su aplicación en forma retroactiva, desconociendo los derechos adquiridos de aquellos magistrados designados legítimamente a la luz del sistema constitucional vigente al momento de su nombramiento.
Con ello se propone una formula velada de destitución de los Magistrados en funciones, sin aplicar los mecanismos previstos en la actual constitución y afectando los derechos adquiridos de aquellos que fueron legítimamente designados respetando la legislación vigente al momento de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y obteniendo el acuerdo del Senado.
Esa modificación claramente aspira a generar un sometimiento de los jueces vulnerando la independencia del Poder Judicial, y con ello el principio de la división de poderes.
Estos proyectos de reforma, utilizando las herramientas legislativas, son avasallamientos que parecen legales e imperceptibles. Se debilitan las instituciones que limitan los poderes. Con esta serie de medidas se persiguen situaciones en las cuales se construye un único poder real concentrado en el Poder Ejecutivo, que termina dominando al poder Judicial y al legislativo. Esto es un debilitamiento del sistema democrático.
II) RECORDAMOS en aquel comunicado del 30 de julio pasado - citando el estatuto del Juez Iberoameicano- :
Como consecuencia de ello, los otros poderes del Estado y en general todas las autoridades, instituciones, los organismos nacionales o internacionales; así como los diferentes grupos y organizaciones económicas, políticas y sociales deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
En el ejercicio de la jurisdicción, los jueces y juezas tampoco se encuentran sometidos a autoridades judiciales superiores, sin perjuicio de la facultad de éstas de revisar las decisiones de los casos a través de los recursos legalmente establecidos y de la fuerza que cada ordenamiento nacional atribuya a la jurisprudencia y a los precedentes emanados de las Cortes y Tribunales Supremos.
En el mencionado Estatuto, como garantía para todos los ciudadanos y habitantes de los países, se establece que los jueces deben ser inamovibles desde el momento en que adquieren tal categoría o desde que ingresan a la carrera judicial, y ello en los términos que las leyes lo establezcan.
III) La soberanía popular es un principio de raigambre constitucional que en el sistema democrático se integra con el reconocimiento del pueblo como último titular del poder político; pero al mismo tiempo y para cumplir con tal objetivo pone su acento en los procedimientos habilitados para hacer explícita aquella voluntad, origen del principio de representación. Por ello, el estado de derecho y el imperio de la ley son esenciales para el logro de una Nación con instituciones maduras.
No es posible que bajo la invocación de la defensa de la voluntad popular pueda propugnarse el desconocimiento del orden jurídico, puesto que nada contraría más los intereses del pueblo que la propia transgresión constitucional.
En ese entendimiento, es que ese “principio de representación” reconocido por todos los ordenamientos jurídicos de orden superior para la designación de jueces y juezas, de todas las instancias, debe ser ejercido por los órganos específicamente por ellos establecidos.
Para ejercer la jurisdicción las constituciones establecen tanto la forma de designación de los jueces, las cualidades que ellos deben reunir, como la duración en sus cargos y los mecanismos de destitución cuando incurren en mal desempeño.
Hay una larga historia en la humanidad que nos enseña que es necesario un poder que este fuera del sistema electoral, para que se puedan defender las minorías y los derechos fundamentales. Los ataques a los poderes judiciales ponen en riesgo la vigencia de los derechos humanos y las instituciones encargadas de su protección.
Es por todo ello que esta Federación EXHORTA a las autoridades del Estado Mexicano a cumplir con los principios enunciados precedentemente, respetando la independencia de quienes ejercen el poder jurisdiccional y evitando avasallarla con actos de gobierno que impliquen el amedrentamiento o la vulneración de esos principios. El respeto de ellos no solo importa un resguardo para los ciudadanos, sino que constituye un deber de todos los poderes del Estado como garantía de la paz social para los justiciables que necesitan la presencia de un orden jurídico fuerte que contribuya a consolidar una justicia más eficiente y fortalecida por los actos de gobierno y por el respeto a los Magistrados que la integran.
Fuente: FLAM / Foto: Archivo
