Productores de limón del estado de Michoacán realizaron un paro de labores este lunes por los bajos precios de compra del cítrico ocasionado por extorsiones que enfrentan por parte de al menos tres grupos delincuenciales.
Guadalupe Mora Chávez, hermano de Hipólito Mora, extinto fundador de los civiles grupos de autodefensa que en 2014 se levantó en armas contra el crimen organizado en Michoacán, confirmó a EFE que el sector citrícola en el estado "continúa bajo amenazas y extorsiones" por parte de la delincuencia, tal y como lo denunciaron los propios limoneros en agosto de 2023.
Lupe Mora, como es popularmente conocido en su natal pueblo de La Ruana, en el municipio de Buenavista Tomatlán, explicó que los Gobiernos federal y estatal, dirigidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador y del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, han sido "incapaces de impedir la extorsión" a productores y empresas empacadoras (distribuidoras) de limón.
En tanto un importante productor de limón que pidió el anonimato para evitar represalias del crimen organizado, dijo a EFE que cientos de limoneros "decidieron suspender sus actividades este lunes, y de forma indefinida", en huertas de los municipios de Apatzingán, Buenavista y Parácuaro, los cuales integran la región de Tierra Caliente de Michoacán.
Lo anterior, al considerar que empresas empacadoras de Michoacán solo les pagan entre 8 y 11 pesos (entre 0,42 y 0,58 dólares) por cada kilógramo de limón, mientras que en el estado vecino de Colima el precio alcanza hasta los 18 pesos (prácticamente un dólar).
El productor afirmó que los cárteles de la droga aumentaron de dos a tres pesos (entre 0,11 y 0,16 dólares) el pago de un “impuesto criminal” por cada kilogramo del cítrico que llegara a las empresas empacadoras. Esta cantidad es absorbida en partes iguales por el productor y el propietario de la empacadora.
La “cuota” presumiblemente es recolectada por contadores impuestos por el crimen organizado, quienes reparten el producto de la extorsión entre los grupos delictivos.
La suspensión de la actividad citrícola no se ha expandido al poblado de Felipe Carrillo Puerto, también conocido como La Ruana, donde una organización criminal predomina y controla la extorsión a limoneros.
Carlos Torres Piña, secretario de gobierno de Michoacán, informó que en conjunto con el gobierno federal se busca la regularidad de las actividades citrícolas en el estado, con operativos de la Guardia Civil (Policía Estatal), Guardia Nacional y el Ejército mexicano.
EFE/ doh
