La reforma la Ley de Amnistía otorga concentra el poder al presidente, se salta los procesos judiciales y le da la facultad al ejecutivo a perdonar a delincuentes que hayan cometido cualquier delito, incluso asesinar o cometer delincuencia organizada.
Es un excepción del derecho que no se sostiene, porque para poder establecer una responsabilidad en cualquier tipo de conducta penal se debe seguir un proceso, escuchar a las víctimas y al procesado, ya luego emitir un veredicto, pero con la reforma a la Ley de Amnistía todo eso se ahorra dando oportunidad al presidente que disculpe a algún individuo, lo que a veces se hace con alguna consigna política.
Con ello, no se se sabe qué pasará con las víctimas del delito.
Asimismo, dijo que se está rompiendo con la lógica de la ley, porque la amnistía existe pero sólo se atribuye a una comisión de secretarios de estado y no sólo a una personas como es el presidente.
Recalcó que la reforma es inconstitucional, lo cual puede revertirse a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El abogado consideró que tanto el gobierno federal como los legisladores saben que eso pasaría y aún así aprobaron la reforma, con un trasfondo político.
Tras la publicación, las bancadas de oposición podrían interponer una acción de inconstitucional en los siguientes 30 días y en menos de un mes, es posible que la Corte emita una suspensión de la ley, en tanto se analiza el fondo.
Sin embargo, el abogado consideró que para llegar a una resolución de fondo, puede durar un año o año y medio; es muy difícil que se resuelva este 2024.
Señaló que es evidente que hay un contexto de tratar de limitar las facultades del Poder Judicial, tanto la reforma a la Ley de Amparo como la de Amnistía no son iniciativas aisladas. Desde el poder presidencial como del legislativo han tratado de ir mermando las capacidades de decisión del Poder Judicial.
