La Administración del presidente Donald Trump anunció este viernes sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos, como parte de su estrategia para limitar las acciones de ese organismo judicial.
"Hasta la fecha, Estados Unidos ha impuesto sanciones a 17 personas. Hoy, el Departamento de Estado anuncia medidas adicionales para defender la soberanía estadounidense y neutralizar la amenaza que representa la CPI", anunció el Departamento de Estado de Estados Unidos.
La medida fue anticipada por reportes publicados semanas antes. El 21 de septiembre, Reuters informó que el Gobierno estadounidense preparaba sanciones contra la Corte, lo que muestra que la decisión ya estaba en consideración antes de su anuncio.
Washington ha cuestionado la jurisdicción de la CPI y sus actuaciones contra autoridades israelíes. Entre los antecedentes se encuentran las órdenes de arresto emitidas contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant.
En febrero de 2025, Trump firmó una orden ejecutiva para establecer sanciones contra la Corte. Posteriormente, Estados Unidos impuso restricciones a jueces y fiscales vinculados con el tribunal.
El secretario de Estado, Marco Rubio, defendió la decisión y dio a conocer que las medidas buscan responder a lo que el Gobierno estadounidense considera una amenaza contra su soberanía. La Administración también ha llamado a sus aliados dentro de la Corte a trabajar en soluciones para poner fin a esa situación.
Las sanciones pueden afectar las operaciones financieras y el acceso de la CPI a determinados servicios. El alcance concreto depende de las restricciones establecidas por Washington y de las personas o entidades incluidas en las medidas.
En paralelo, medios de comunicación difundieron información sobre la ganadora del Premio Nobel de la Paz y su relación con la Corte Penal Internacional, descontextualizando e intentando generar una impresión equivocada sobre las sanciones y el Premio Nobel de la Paz.
Y es que la jurista sudafricana Navi Pillay fue jueza de la CPI entre 2003 y 2008 y posteriormente ocupó el cargo de alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Su trayectoria judicial se remonta a años anteriores a las actuales medidas del Gobierno de Trump.
Por ello, es importante distinguir entre la trayectoria profesional de Pillay, el reconocimiento internacional que recibió y las sanciones estadounidenses contra la Corte. La coincidencia temporal de estos acontecimientos no demuestra, por sí misma, que exista una relación directa entre ellos.
La Corte investiga y juzga a individuos por genocidio, crímenes de lesa humanidad, de guerra y de agresión cuando tiene la jurisdicción que le otorga su tratado fundacional, el Estatuto de Roma.
Today, the Trump Administration is sanctioning the ICC. This action should encourage our Allies within the Court to work for solutions to end this threat to U.S. sovereignty forever. https://t.co/D86dCqLUaZ
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) October 9, 2026
