Estados Unidos exhortó a la comunidad internacional a cortar vínculos con Nicaragua y finalizar operaciones con el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, luego de que la Asamblea Nacional aprobara en primera legislatura una polémica reforma constitucional que restringe la participación política de opositores.
Washington calificó al gobierno nicaragüense como una “brutal dictadura” y pidió aumentar la presión internacional sobre Managua, en un momento de creciente preocupación por el rumbo político del país centroamericano.
La declaración ocurre después de que la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el oficialismo, diera el primer visto bueno a una reforma constitucional que impide ocupar cargos públicos o contender en elecciones a personas consideradas “traidoras a la patria”, además de ampliar de seis a siete años el periodo de los principales cargos públicos.
La reforma modifica 14 artículos de la Constitución y establece que quienes sean señalados como “traidores a la patria” no podrán ser candidatos a cargos de elección popular ni ejercer determinadas funciones públicas.
La disposición también contempla restricciones para personas acusadas de participar en intentos de golpe de Estado, promover una intervención extranjera, respaldar sanciones o bloqueos contra Nicaragua o realizar acciones que, de acuerdo con el texto aprobado, afecten la independencia, soberanía o autodeterminación del país.
Uno de los puntos que ha generado mayor preocupación internacional es que el concepto de “traidor a la patria” puede utilizarse contra opositores y críticos del gobierno. De acuerdo con reportes recientes, al menos 452 opositores o críticos desnacionalizados han sido señalados bajo esa categoría, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli.
La modificación constitucional plantea aumentar de seis a siete años el periodo de los copresidentes, así como el de otros cargos de elección popular y algunas posiciones dentro de las instituciones del Estado.
La medida alcanzaría a diputados, alcaldes, magistrados judiciales y electorales, además de los titulares de otras instituciones y a los jefes del Ejército y la Policía.
La reforma debe pasar por una segunda legislatura antes de entrar plenamente en vigor, de acuerdo con el procedimiento constitucional nicaragüense.
Los cambios aprobados en 2026 se suman a las reformas constitucionales que entraron en vigor en 2025, cuando Nicaragua estableció la figura de la copresidencia y amplió de cinco a seis años el periodo presidencial.
Con ese cambio, Daniel Ortega y Rosario Murillo pasaron a ejercer conjuntamente la Presidencia de Nicaragua.
La nueva modificación representa, por tanto, otro cambio en las reglas políticas del país y ocurre mientras el gobierno de Ortega enfrenta cuestionamientos internacionales por la situación de los derechos humanos y las condiciones para la participación de la oposición.
Estados Unidos considera que las nuevas disposiciones representan un retroceso para la competencia política y las elecciones en Nicaragua.
El llamado de Washington a la comunidad internacional busca evitar que otros gobiernos y actores económicos normalicen o fortalezcan relaciones con las autoridades nicaragüenses mientras avanzan las modificaciones constitucionales.
La situación también ha provocado críticas de organizaciones defensoras de derechos humanos. Amnistía Internacional pidió previamente a otros Estados no reconocer como una decisión meramente interna la eliminación del derecho de los opositores a participar en elecciones.
