La decisión de la Administración para el Control de Drogas (DEA) de colocar a los cárteles mexicanos como su prioridad número uno en el combate al narcotráfico podría marcar un nuevo capítulo en la relación entre México y Estados Unidos, con posibles repercusiones políticas, diplomáticas y de seguridad, advirtió el especialista en seguridad nacional, Emilio Vizarretea.
Durante una entrevista, el profesor universitario señaló que en las últimas semanas el gobierno estadounidense ha endurecido su discurso contra las organizaciones criminales mexicanas, especialmente contra el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), identificados como objetivos prioritarios por su presunta participación en el tráfico de fentanilo y otras drogas hacia territorio estadounidense.
Un discurso más firme desde Washington
Vizarretea explicó que desde principios de junio diversos funcionarios del gobierno de Estados Unidos han enviado mensajes en los que insisten en reforzar las acciones contra los grupos del crimen organizado.
Entre ellos mencionó declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que se realizarían operaciones "por tierra", así como posicionamientos de funcionarios encargados de seguridad y combate al narcotráfico, quienes han señalado que los cárteles representan una amenaza directa para la seguridad estadounidense.
"El director de la DEA dejó claro que la prioridad número uno es combatir el tráfico de fentanilo y atacar a las organizaciones criminales responsables de introducir drogas a Estados Unidos", comentó.
¿Podría haber operaciones en territorio mexicano?
El especialista consideró que, ante el endurecimiento de la postura estadounidense, no puede descartarse que en las próximas semanas se desarrollen acciones contra personas señaladas por las autoridades de ese país.
Sin embargo, aclaró que cualquier escenario sobre detenciones o posibles operativos corresponde, por ahora, al terreno de las posibilidades y dependerá de las decisiones que adopten las autoridades estadounidenses.
Afirmó que un caso que ha generado atención es el del exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al señalar que, tras concluir un plazo mencionado en distintos análisis, podría enfrentar nuevas acciones por parte de autoridades estadounidenses si existieran procesos legales en su contra.
Posibles efectos en la relación México-Estados Unidos
Para Emilio Vizarretea, una eventual acción unilateral por parte de Estados Unidos provocaría inicialmente una reacción política del Gobierno de México, que podría interpretar ese tipo de medidas como una vulneración a la soberanía nacional.
No obstante, estimó que la tensión diplomática podría disminuir con el paso de los días, dependiendo del desarrollo de los acontecimientos y de la información que se haga pública.
"El tema de la soberanía no significa proteger a presuntos delincuentes. Son conceptos distintos que muchas veces se mezclan en el debate político", expresó.
El papel de las instituciones mexicanas
El especialista sostuvo que uno de los factores que explica la presión de Estados Unidos es la percepción de que las instituciones mexicanas no han actuado con suficiente contundencia frente a los señalamientos relacionados con el crimen organizado.
A su juicio, la falta de investigaciones o procesos judiciales en algunos casos ha abierto la puerta para que el gobierno estadounidense incremente su participación en el combate a las organizaciones criminales que operan en ambos lados de la frontera.
¿Qué significa para la ciudadanía?
Respecto al impacto para la población mexicana, Vizarretea señaló que las opiniones están divididas.
Consideró que las personas que han sido víctimas directas de la violencia generada por el crimen organizado suelen ver con buenos ojos cualquier acción que contribuya a debilitar a los grupos delictivos, mientras que otros sectores manifiestan preocupación por las implicaciones que una mayor intervención de Estados Unidos podría tener en la relación bilateral.
Finalmente, el especialista subrayó que el escenario aún está en desarrollo y que las decisiones que adopten ambos gobiernos en las próximas semanas serán determinantes para conocer el rumbo que tomará la estrategia de combate al narcotráfico entre México y Estados Unidos.
