Las prácticas aduaneras y las nuevas regulaciones impuestas por el gobierno mexicano, son algunas de las barreras comerciales que han afectado a las exportaciones de Estados Unidos hacia México. De acuerdo con el informe anual 2025 de la Oficina del Representante Comercial de EE. UU. (USTR), las aduanas mexicanas han presentado varios obstáculos para el ingreso de productos del vecino del norte.
Uno de los puntos más controvertidos es la nueva regulación implementada en octubre de 2024, que obliga a los proveedores de entrega a recopilar el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los destinatarios para los envíos de bajo valor (menos de $2,500 dólares).
El USTR considera que esta medida es incompatible con los términos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), ya que crea una carga administrativa adicional para los pequeños exportadores estadounidenses, especialmente aquellos que dependen del comercio electrónico.
Añaden también las demoras en los procesos de aprobación de registros sanitarios y permisos de importación para productos como dispositivos médicos, productos farmacéuticos y agroquímicos. Estas demoras pueden durar entre 18 y 24 meses, debido a la falta de personal y capacidad en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lo que genera incertidumbre y dificulta la planificación de negocios para las empresas estadounidenses.
En el sector energético, el USTR acusa a México de favorecer a las empresas estatales, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), con políticas que limitan la inversión privada. La reforma energética de enero de 2025, que establece que la CFE debe controlar al menos el 54% de la generación eléctrica, es vista como una barrera a la inversión privada y como una violación de los acuerdos establecidos en el T-MEC.
En el sector digital, el informe destaca que las empresas estadounidenses enfrentan obstáculos para aprobar infraestructura en la nube con base en EE. UU., debido a presiones para que utilicen centros de datos locales. Esto podría considerarse una medida discriminatoria que afecta a la competitividad y la libre circulación de datos.
El USTR también menciona la disolución del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en diciembre de 2024, lo que podría contravenir los compromisos del T-MEC, que exige la independencia de los organismos reguladores del sector. Además, se abordan restricciones en el comercio agrícola, como la prohibición del glifosato sin justificación científica adecuada y la disputa sobre el maíz genéticamente modificado, que México tuvo que revocar tras un fallo del T-MEC en febrero de 2025.
mb
