La Corte Suprema de Estados Unidos, de mayoría conservadora, rechazó el miércoles una orden del presidente Donald Trump de congelar unos 2.000 millones de dólares en pagos a organizaciones de ayuda internacional.
En su primer fallo contrario a una medida de Trump, la corte votó 5 a 4 para confirmar la sentencia de un tribunal inferior que exige a la administración realizar los pagos contemplados en los contratos en vigor.
Al asumir la presidencia el 20 de enero, Trump firmó un decreto con el que ordenó congelar durante 90 días la asistencia internacional.
Los magistrados del supremo dicen que el juez federal que ordenó a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado restablecer los pagos "debe aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno".
Los magistrados conservadores John Roberts, presidente de la Corte Suprema, y Amy Coney Barrett, designada por Trump, votaron a favor de la medida junto a los tres jueces liberales de la sala.
Con una votación de cinco contra cuatro, la corte ordenó al juez Amir Ali que aclarara su orden anterior que requería a la administración republicana liberar casi 2.000 millones en ayuda por trabajos que ya se habían realizado.
La acción de la corte mantiene en vigor la orden de restricción temporal de Ali que había pausado la congelación del gasto; Ali está celebrando una audiencia el jueves para considerar una pausa más duradera.
La mayoría señaló que la administración no había impugnado la orden inicial de Ali, solo el plazo, que de todos modos venció la semana pasada.
La corte pidió a Ali “aclarar qué obligaciones debe cumplir el gobierno para garantizar el cumplimiento de la orden de restricción temporal, teniendo en cuenta la viabilidad de cualquier cronograma de cumplimiento”.
El presidente de la corte, John Roberts, y la jueza Amy Coney Barrett, dos conservadores, se unieron a los tres jueces liberales para formar una mayoría.
Los jueces Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh se unieron a la disidencia de Alito.
La administración Trump ha argumentado que la situación ha cambiado porque ha reemplazado una congelación de gastos general por determinaciones individualizadas que llevaron a la cancelación de 5.800 contratos de la Agencia para el Desarrollo Internacional y otros 4.100 subvenciones del Departamento de Estado, totalizando casi 60.000 millones en ayuda.
El gobierno federal congeló la ayuda extranjera tras una orden ejecutiva de Trump que apuntaba a lo que él llamó programas derrochadores que no corresponden a sus objetivos de política exterior.
La demanda subsiguiente alega que la pausa infringe la ley federal y ha cerrado la financiación incluso para los programas de salvamento de vidas más urgentes en el extranjero.
Ali ordenó la restauración temporal de la financiación el 13 de febrero, pero casi dos semanas después encontró que el gobierno no mostraba señales de cumplir y estableció un plazo para liberar el pago por trabajos ya completados.
La administración apeló, calificando la orden de Ali como “increíblemente intrusiva y profundamente errónea” y protestando por el cronograma para liberar el dinero.
VOA/ doh
