El régimen de excepción, que es implementado en El Salvador para "combatir" a las pandillas y que cumple ocho meses de vigencia, "desestructura" comunidades rurales y urbanas, y organizaciones, de acuerdo con un análisis realizado por la organización Cristosal, presentado este martes.
Fátima Pacas, coordinadora de educación de Cristosal, explicó que la ONG realizó diálogos cívicos, una herramienta de aprendizaje colectivo, que permitió obtener información cualitativa de diferentes comunidades del país centroamericano.
Señaló que durante el periodo del régimen de excepción se han realizado 88 sesiones con participación de 703 personas.
Pacas indicó que entre los principales hallazgos del proceso es que las restricciones de derechos constitucionales por el estado de excepción han "configurado las relaciones de convivencia de las comunidades y organizativos, y las dinámicas colectivas".
La anterior, explicó, está vinculada a la "desestructuración de tres grupos sociales: comunidades, tanto rurales como urbanas, organizaciones sociales y grupos familiares".
"Las comunidades y organizaciones han tenido una desestructuración en relación a las acciones de base que realizan debido a la restricción de derechos", subrayó.
Cristosal indicó en un comunicado que "en algunas comunidades el régimen de excepción ha provocado la división y debilitamiento del proceso comunitario, pues se estigmatiza y separa a familiares de personas detenidas del resto de la comunidad".
"La vulnerabilidad de las comunidades emprobecidas y la desigualdad en la que viven parece ser un elemento reproductor de las vulneraciones de los derechos humanos de las comunidades (...) situación que afecta principalmente a las mujeres en razón a género", agregó.
El Salvador se encuentra desde finales de marzo bajo un régimen de excepción, que cumplió 8 meses de vigencia, tras una ola de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas en tres días.
Bajo la medida del estado de excepción han sido capturados, según las autoridades de Seguridad salvadoreñas, más de 58.000 pandilleros y personas ligadas a estas bandas.
Las organizaciones humanitarias y la oficina del ombudsman han recibido más de 6.500 denuncias de atropellos de los derechos humanos bajo este régimen de excepción.
Las pandillas, un fenómeno considerado como herencia de la guerra civil (1980-1992) que tomó fuerza con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
Con información de EFE/Foto: Archivo/atf
