La Cámara de Representantes de Estados Unidos expresó su preocupación por el conflicto entre el Gobierno mexicano y la empresa Vulcan Materials Company, al considerar que las acciones tomadas sobre una mina y una terminal marítima en Quintana Roo podrían afectar la confianza de inversionistas estadounidenses.
Durante una votación en el pleno, legisladores aprobaron —con respaldo tanto republicano como demócrata— medidas que incluyen posibles sanciones, al señalar que existe una “campaña coordinada” en contra de la compañía. El republicano August Pfluger, uno de los principales impulsores, afirmó que estas decisiones ponen en entredicho la relación económica bilateral.
El diferendo se remonta a 2024, cuando el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como Área Natural Protegida un amplio territorio en Quintana Roo que incluye parte de los terrenos concesionados a la empresa. Esta determinación se mantiene sin cambios en la actual administración de Claudia Sheinbaum.
La zona protegida, conocida como “Felipe Carrillo Puerto”, abarca más de 53 mil hectáreas, aunque el área en disputa con la empresa representa una porción menor. El gobierno mexicano justificó la medida argumentando daños ambientales, como afectaciones a cenotes y contaminación del acuífero derivadas de la actividad extractiva.
Por su parte, Vulcan Materials Company sostiene que la decisión vulnera sus derechos, ya que contaba con una concesión vigente hasta 2037. Además, desde 2018 mantiene un arbitraje internacional contra el Estado mexicano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en busca de una compensación económica. El proceso continúa en curso y aún no se ha emitido un fallo definitivo.
El conflicto también incluye la terminal marítima de Punta Venado, que fue tomada por elementos de la Marina en 2023 y actualmente permanece sin operaciones. Legisladores estadounidenses recordaron este hecho como parte de los argumentos para señalar una presunta violación a acuerdos comerciales como el T-MEC.
Dentro de las medidas aprobadas, se contempla restringir el acceso a puertos estadounidenses a embarcaciones que utilicen instalaciones consideradas “confiscadas” en el continente, lo que podría escalar las tensiones comerciales.
A pesar de los intentos diplomáticos en los últimos años, congresistas como August Pfluger señalaron que no se han logrado avances para resolver la disputa, lo que mantiene en incertidumbre tanto la operación de la mina como el futuro de las inversiones involucradas.
