La agencia calificadora Moody’s advirtió que la reforma al Poder Judicial, aprobada esta madrugada en el Senado de la República, podría socavar la calidad crediticia soberana de México, debido a que podría generar un shock de confianza prolongado, volatilidad e incertidumbre financiera.
Apunta que lo anterior elevaría los costos de la deuda y pondría en riesgo el crecimiento y las finanzas públicas.
Moody´s apuntó que la reforma al Poder Judicial podría debilitar aún más los controles y equilibrios institucionales, lo que repercutiría en otros aspectos clave de la calidad crediticia del país, como su fortaleza económica y fiscal.
En ese sentido, la calificadora apuntó: “La preocupación de los inversionistas por la incertidumbre jurídica y los procesos judiciales sesgados han contribuido a la volatilidad a corto plazo de los indicadores financieros mexicanos, como el tipo de cambio”.
Detalla que “una aversión prolongada al riesgo probablemente ampliaría los diferenciales gubernamentales, lo que aumentaría aún más los costos de endeudamiento y las tasas de interés locales, ya de por sí elevados, y presionaría la asequibilidad de la deuda, debido a que los gastos por intereses consumen una gran parte de los ingresos”.
También, alertó que “un crecimiento más débil supondría restricciones adicionales al proceso de consolidación fiscal”.
Un shot de confianza prolongado frenaría también la inversión privada, lo que limitaría los beneficios del nearshoring y reduciría el crecimiento luego de 2025 al promediar a largo plazo el dos por ciento, en lugar del tres por ciento con el beneficio de nuevas inversiones.
La calificadora agrega que la reforma genera un mayor riesgo de politización y amenaza la independencia e imparcialidad del Poder Judicial del país.
Moody´s añade que el Poder Judicial de México ha evitado que el Ejecutivo se extralimite en los últimos años, al bloquear algunos de los cambios legales radicales que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador había propuesto y que el Congreso aprobó, especialmente en sectores como la energía, donde las reformas rechazadas habrían reducido la participación privada.
Fuente: El Financiero / Foto: Archivo / JAC
