El Instituto de Pensiones del Estado (IPE) enfrenta un déficit cercano a los 4 mil millones de pesos anuales y actualmente no es autosustentable, reconoció la gobernadora Rocío Nahle García, quien informó que su administración analiza mecanismos para garantizar la viabilidad financiera del organismo.
La mandataria señaló que el Gobierno estatal mantiene aportaciones adicionales para cubrir las obligaciones del sistema de pensiones, debido a que los recursos propios del instituto son insuficientes.
“Trae un déficit de casi 4 mil millones de pesos al año. Debería ser sostenible y sustentable, pero no es”, afirmó.
Gobierno de Veracruz analiza alternativas para el IPE
Nahle García explicó que desde la administración de Cuitláhuac García Jiménez se destina íntegramente al IPE un fondo federal que originalmente podría utilizarse para otros rubros, debido a la necesidad de garantizar el pago de las pensiones.
“Hay un fondo federal que debería usarse para otras cosas, pero Cuitláhuac dijo: ‘Tengo que apoyar al IPE’, y ese fondo se va íntegro para apoyar al IPE”, señaló.
Ante esta situación, la gobernadora indicó que solicitó al secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, revisar alternativas para modificar la situación financiera del organismo.
“Le pedí a Miguel Reyes que analizara cómo le vamos a hacer, porque el IPE debe ser autosustentable y autosostenible”, expresó.
La mandataria sostuvo que cualquier mecanismo deberá garantizar la protección de quienes dependen del sistema estatal de pensiones.
“No podemos dejar a los pensionados a la deriva, pero le pedí a Miguel que viera qué mecanismo pudiéramos hacer para que el IPE sea sostenible”, agregó.
Déficit del IPE ocurre en medio de reclamos por salario regulador
El reconocimiento del déficit ocurre en medio de las inconformidades de trabajadores próximos a jubilarse por la aplicación del salario regulador o ponderado, mecanismo utilizado para calcular las pensiones con base en el promedio ponderado de los salarios de cotización de los últimos 10 años, en lugar de considerar únicamente el último sueldo percibido.
Durante los últimos meses, organizaciones sindicales han cuestionado este esquema al considerar que reduce los montos de las pensiones de trabajadores que tuvieron modificaciones salariales o recategorizaciones durante la última década de servicio.
Representantes de 62 organizaciones sindicales denunciaron previamente reducciones que, de acuerdo con sus estimaciones, pueden alcanzar hasta 40 por ciento respecto del último salario base.
También advirtieron que algunos trabajadores han optado por detener o aplazar sus trámites de jubilación ante los montos calculados por el IPE.
Entre sus propuestas, los sindicatos han planteado revisar el mecanismo y limitar su aplicación a casos considerados atípicos, como las recategorizaciones realizadas durante los últimos años de servicio, en lugar de aplicarlo de manera generalizada.
Hasta ahora, Nahle García no detalló qué modificaciones se analizan ni si la revisión financiera del instituto incluirá cambios en la aplicación del salario regulador, uno de los principales puntos de inconformidad de trabajadores y organizaciones sindicales durante este año.
