El alcalde de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, confirmó que ya fue notificado por el Congreso de Veracruz sobre el procedimiento de declaración de procedencia promovido en su contra y aseguró que ejercerá su derecho de defensa por las vías legales.
A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el presidente municipal informó que el pasado martes acudió al Congreso local para recibir la notificación oficial, donde además fue informado del plazo legal con el que cuenta para presentar sus alegatos.
"Actuaré con respeto a las instituciones y ejerceré plenamente mi derecho de defensa por las vías legales, aportando los argumentos y elementos que correspondan en los tiempos establecidos", expresó el edil.
Asimismo, manifestó su confianza en que el procedimiento se desarrollará con estricto apego a la ley, al debido proceso y al principio de presunción de inocencia.
Raúl González Martínez sostuvo que el procedimiento legislativo no afectará el funcionamiento del Ayuntamiento de Ixhuatlán del Sureste y afirmó que los servicios públicos municipales continuarán prestándose de manera normal.
Indicó que las distintas áreas de la administración seguirán atendiendo a la ciudadanía, gestionando proyectos y dando continuidad a los asuntos del municipio.
En su posicionamiento, el alcalde evitó responder de manera directa a los señalamientos que motivaron la solicitud de desafuero y pidió a la población permitir que las autoridades realicen su trabajo sin emitir juicios anticipados.
"Permitamos que las autoridades correspondientes realicen su trabajo y esperemos a que este procedimiento siga su curso conforme a la ley", señaló.
La Fiscalía General del Estado de Veracruz promovió ante el Congreso del Estado una solicitud de declaración de procedencia contra el alcalde, emanado de Movimiento Ciudadano.
El expediente fue turnado a la Comisión Permanente Instructora, después de que las comisiones unidas de Gobernación y de Justicia y Puntos Constitucionales autorizaran continuar con el procedimiento legislativo. Conforme al proceso, el alcalde dispone de siete días para presentar su defensa por escrito o comparecer ante los diputados.
De acuerdo con información publicada por medios locales, la solicitud de desafuero estaría relacionada con la investigación por la privación de la libertad y homicidio de la periodista Roxana Berenice Guzmán.
Según esos reportes, el expediente incluiría la declaración de un testigo que presuntamente escuchó al alcalde comunicarse con un supuesto líder criminal para solicitar la privación de la libertad de la comunicadora, quien supuestamente poseía una fotografía en la que el funcionario aparecía portando un arma larga.
Estos señalamientos forman parte de la investigación en curso y deberán ser valorados durante el procedimiento legislativo correspondiente, por lo que no constituyen una determinación sobre la responsabilidad del alcalde.
Roxana Guzmán fue privada de la libertad el pasado 2 de junio en el municipio de Nanchital. Posteriormente, la Fiscalía confirmó la identificación de sus restos e informó la detención de ocho personas por su presunta participación en el crimen, entre ellas cuatro elementos de la Policía Municipal de Ixhuatlán del Sureste.
Una vez desahogadas las pruebas y celebradas las audiencias correspondientes, la Comisión Permanente Instructora elaborará un dictamen que será sometido al Pleno del Congreso.
Para retirar el fuero constitucional al edil se requiere el voto favorable de las dos terceras partes de los diputados presentes. La declaración de procedencia únicamente determina si el servidor público puede ser sometido a un proceso penal, sin que ello implique una resolución sobre su culpabilidad.
