El Congreso del Estado de Veracruz aprobó la armonización de la Constitución Política local con la reforma federal al Poder Judicial, una modificación que busca establecer las bases para fortalecer la impartición de justicia, consolidar el modelo de elección de personas juzgadoras y garantizar una mayor transparencia en el funcionamiento del sistema judicial estatal.
Con 36 votos a favor, seis en contra y cero abstenciones, el Pleno de la LXVII Legislatura avaló el dictamen emitido por la Comisión Permanente de Justicia y Puntos Constitucionales, con el que se actualiza el marco constitucional veracruzano conforme a la reforma aprobada a nivel federal.
Entre los cambios más relevantes destaca que la convocatoria para integrar el listado de candidaturas a cargos del Poder Judicial deberá ser publicada por el Congreso del Estado a más tardar el 30 de abril del año previo a la elección judicial correspondiente.
La reforma establece que cada uno de los tres Poderes del Estado propondrá dos personas por cada cargo judicial.
Asimismo, cada Poder conformará un Comité de Evaluación, integrado por cinco personas de reconocido prestigio en el ámbito jurídico.
Posteriormente, las personas coordinadoras de los tres comités integrarán una Comisión Coordinadora, que será la encargada de verificar el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales de quienes aspiren a los cargos, además de homologar criterios de evaluación, metodologías y exámenes de conocimientos.
Los comités deberán seleccionar a las personas mejor calificadas con base en sus conocimientos técnicos, experiencia profesional, antecedentes académicos, honestidad, buena fama pública y competencia jurídica.
Además, la reforma obliga a que durante el proceso se garantice la paridad de género, tanto en los listados que participen en la insaculación como en las propuestas finales de candidaturas.
El decreto aprobado contempla disposiciones transitorias relacionadas con el Tribunal de Disciplina Judicial.
Las magistradas y magistrados que resulten electos en el Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025 permanecerán en el cargo por periodos de tres y cinco años, de acuerdo con la votación obtenida. Dos de las magistraturas concluirán funciones en 2028, mientras que las tres restantes lo harán en 2030.
Finalmente, la reforma establece que el Órgano de Administración Judicial deberá entregar al Congreso del Estado, durante los primeros diez días de abril de 2027, un informe sobre la situación de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Disciplina Judicial, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, así como de las juezas y jueces de Primera Instancia.
