Tras la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que responsabiliza al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, ocurrida en 2007, su hija Martha Inés Ascencio afirmó que el fallo representa un avance después de casi 19 años de lucha, aunque subrayó que aún falta su cumplimiento pleno.
“Hoy escuché un poco de justicia de lo que hemos venido luchando, pero falta que el Estado cumpla con lo que le ordenaron”, expresó la hija de la víctima, al conocer la resolución del tribunal internacional.
La sentencia establece que Ernestina Ascencio, mujer indígena náhuatl de 73 años, fue víctima de violencia sexual por parte de militares, así como de tortura y violencia institucional, y que el Estado incurrió en discriminación estructural y negación del derecho a la verdad, lo que derivó en la impunidad de los responsables.
Medidas ordenadas por la Corte IDH
Entre las medidas de reparación, la Corte ordenó al Estado mexicano reabrir la investigación penal, sancionar a los responsables, brindar atención médica y psicológica a los familiares, realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad y hacer pública la sentencia. También instruyó otorgar becas educativas a nietas y nietos de Ernestina Ascencio y adoptar políticas públicas para eliminar barreras de acceso a la justicia para mujeres indígenas .
El tribunal fijó un plazo de un año para que el Estado informe sobre el cumplimiento de estas disposiciones, las cuales serán supervisadas hasta su implementación total.
Organizaciones destacan valor histórico del fallo
El Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara (CESEM) señaló que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos representa un reconocimiento a la verdad sostenida por la familia de Ernestina Ascencio durante casi dos décadas. Su coordinadora, Patricia Benítez Pérez, afirmó que la resolución dignifica la memoria de la mujer indígena y valida el testimonio que fue desestimado por las autoridades nacionales.
Benítez Pérez subrayó que el fallo del tribunal internacional ofrece una metodología para que las fiscalías y los órganos de justicia actúen con perspectiva de derechos humanos, considerando las condiciones de vulnerabilidad relacionadas con el género, el origen étnico y la edad, especialmente en contextos de militarización.
Por su parte, Abogadas y Abogados para la Justicia y los Derechos Humanos (AJDH) destacó que la sentencia es resultado de un proceso de litigio prolongado que permitió evidenciar las fallas estructurales del Estado mexicano en la investigación del caso. Su representante, Julia Marcela Suárez Cabrera, señaló que el fallo reconoce la negación del derecho a la verdad y el impacto de la violencia institucional ejercida contra la víctima y su familia.
La organización enfatizó que la Corte ordenó medidas de reparación y de no repetición que deberán traducirse en cambios concretos en las prácticas de investigación y atención a víctimas, particularmente en casos de violencia contra mujeres indígenas, para evitar que hechos similares vuelvan a quedar en la impunidad.
Las organizaciones representantes de la familia, entre ellas Kalli Luz Marina, la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas (CONAMI) y organismos internacionales aliados, coincidieron en que la resolución sienta un precedente regional en la lucha contra el racismo estructural y la discriminación en el acceso a la justicia.
Asimismo, informaron que solicitaron formalmente al Estado mexicano la elaboración de una hoja de ruta para el cumplimiento pleno de la sentencia, con el fin de que las medidas ordenadas se implementen sin dilación y bajo supervisión internacional, conforme a lo establecido por la Corte Interamericana.
