El Congreso de la Unión aprobó una nueva Ley de la Guardia Nacional que consolida su carácter como fuerza de seguridad pública de naturaleza militar, dependiente directamente de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta reforma se deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y responde a las recientes modificaciones constitucionales publicadas el 30 de septiembre de 2024.
La nueva legislación abroga la ley vigente desde 2019 y establece una reorganización completa de la Guardia Nacional. La define como una institución permanente, profesional y compuesta principalmente por personal militar con formación policial. También podrá incluir personal civil de confianza.
Entre los principales cambios destaca que la Sedena será responsable de organizar, equipar, capacitar y administrar a la Guardia Nacional, lo que formaliza su incorporación al ámbito castrense. La ley contempla nuevas estructuras territoriales, como Coordinaciones Estatales y Unidades Circunstanciales, así como servicios especializados en inteligencia e investigación.
La Guardia Nacional continuará encargándose de la seguridad pública federal, pero también podrá colaborar temporalmente con gobiernos estatales y municipales mediante convenios. Sus atribuciones incluyen la prevención del delito, la investigación bajo conducción del Ministerio Público y la recolección de información para fines de seguridad.
El nuevo marco legal establece controles judiciales para sus actividades, especialmente en la intervención de comunicaciones, que solo podrá realizarse con autorización de un juez. Asimismo, obliga al Ejecutivo federal a presentar un informe anual al Senado sobre las acciones de esta corporación.
Con 96 artículos distribuidos en siete títulos, esta ley representa un paso clave en la estrategia de seguridad del actual gobierno, consolidando la presencia militar en tareas de seguridad pública bajo un marco legal reforzado.
mb
