Ex rectores de la Universidad Veracruzana exigen respeto irrestricto a la legalidad y la autonomía de la máxima casa de estudios de la entidad ante el proceso para elegir al nuevo rector. Sara Ladrón de Guevara, Raúl Arias Lovillo y Víctor Arredondo Álvarez, advierten en un pronunciamiento irregularidades por parte del actual rector Martín Aguilar Sánchez al solicitar a la Junta de Gobierno una prórroga automática de cuatro años para mantenerse en el cargo, sin convocar formalmente a un nuevo proceso de selección, como lo establece la Ley de Autonomía Universitaria.
A continuación el texto:
A las Universidades Públicas Autónomas de México
A la comunidad universitaria nacional
A la comunidad universitaria de la UV
A la opinión pública
Quienes suscribimos este segundo pronunciamiento público en calidad de exrectores de la Universidad Veracruzana durante su etapa de autonomía, nos dirigimos a ustedes para informar y solicitar su apoyo solidario ante el reprobable atropello que se está preparando en contra de la vida autónoma de la Máxima Casa de Estudios de Veracruz.
En un primer pronunciamiento público que dimos a conocer, el pasado 29 de mayo de este año, alertamos que había un intento por parte de la actual rectoría para utilizar un subterfugio legaloide que implica infringir la legislación universitaria. La razón es muy clara, el actual rector, Dr. Martin Aguilar Sánchez está impedido a participar como aspirante para un segundo periodo porque rebasa por dos años el límite de edad que impone la Ley de Autonomía y Reglamento de la Junta de Gobierno. Este órgano es responsable de la designación de rector bajo criterios, requisitos, procesos y etapas claramente definidos en la normatividad universitaria Estos consisten en lanzar una convocatoria abierta dos meses antes de la designación (a más tardar el 30 de junio) para que se registren todos los aspirantes interesados que cumplan con los requisitos establecidos.
A partir del registro de aspirantes, la Junta de Gobierno debe proceder a seleccionar a los candidatos formales, después de revisar la documentación correspondiente y llevar a cabo una primera consulta a la comunidad universitaria. La designación de rector se debe efectuar entre los candidatos seleccionados, una vez que se realice una segunda consulta y se apliquen los criterios expresamente definidos y reglamentados.
A dos días de nuestro primer comunicado, el rector dio a conocer que había presentado a la Junta de Gobierno una petición para que le extendiera una prórroga automática por un periodo de cuatro años, lo que implica una severa transgresión por parte de la máxima autoridad unipersonal y de la Junta de Gobierno, en caso de otorgarla, a la Ley de Autonomía y del propio reglamento de ese órgano de Gobierno.
Hace diez días, el 4 de junio, un grupo distinguido de ex miembros de la Junta de Gobierno, solicitaron con firmeza a la Junta de Gobierno apegarse a la legalidad y la transparencia. Entre ellos se encuentra un ex rector de la UNAM, altos directivos de la UAM y de la ANUIES, premios nacionales de Ciencias y Artes, un receptor del "Premio Princesa de Asturias", Juristas conocedores de la legislación universitaria, investigadores nacionales y catedráticos de prestigio internacional. Sin embargo, de esos días a la fecha, de manera inexplicable y grave, la Junta de Gobierno abrió una consulta a la comunidad universitaria que no está reglamentada en la legislación, para someter a opinión la improcedente petición del rector.
Al respecto, conviene destacar que, con la pretensión de evadir el requisito de edad, el Dr. Martin Aguilar presentó el año pasado al Consejo General Universitario una enmienda a la Ley Orgánica para eliminar el articulo correspondiente, lo que fue cuestionado por tratarse claramente de un beneficio personal y no institucional; aunque finalmente fue aprobada por el Consejo Universitario para ser sometida a la consideración de la Legislatura Estatal. Sin embargo, ante su inminente rechazo, el propio rector se vio obligado a retirar esa gestión ante el Poder Legislativo de Veracruz. Este antecedente explica claramente la motivación e intención de infringir la ley. Habrá que añadir que, ante la presión de algunos de sus pares en la Junta de Gobierno, la Dra. María Eugenia Buendía Espinosa presentó su renuncia a ese órgano de gobierno. Hasta el día de hoy no se ha notificado a la comunidad universitaria la razón de ese lamentable incidente ni se ha atendido su reemplazo, tal y como lo mandata la norma universitaria.
Por todo lo anterior, los ex rectores de la etapa autónoma volvemos a expresar nuestra preocupación por la salvaguarda de la autonomía universitaria y un llamado claro y categórico en favor de la legalidad, de la autonomía y de los principios éticos que deben regir y distinguir a toda institución de educación superior; y más, cuando se trata de sus propias autoridades.
Además de lo que diversos sectores de la Universidad Veracruzana han expresado. informamos nuestra exigencia para que
1. Se respete la legalidad y la Autonomía Universitaria.
2. No se acepte la petición de prórroga ilegal del rector y que se emita la convocatoria para la designación de rector, conforme a lo establecido por la Ley de Autonomía (artículo 8), que exige su publicación con al menos dos meses de antelación a la conclusión del actual periodo.
3. La Junta de Gobierno se abstenga de continuar interpretando la normatividad institucional vigente, porque esa no es su atribución legal.
4. No excluya a la comunidad universitaria ni a quienes legítimamente aspiren a ser considerados como candidatos, a partir de una amplia participación y conforme a la ley.
5. La Junta de Gobierno reafirme con hechos su independencia de la administración actual que está en proceso de conclusión y su compromiso con la ley y la comunidad universitaria a la que se debe.
Este es un llamado al apoyo solidario de las universidades e instituciones de donde provienen los actuales y pasados integrantes de la Junta de Gobierno y del resto del sistema universitario nacional que da rumbo al futuro de la nación y que consolida el bagaje ético que requiere México para superar la ilegalidad.
La autonomía no se pone en tela de juicio: se ejerce. La legalidad no se interpreta por quien no tiene esa atribución legal: se cumple.
