En el actual proceso electoral en Veracruz ya se han recibido más de 700 quejas por parte de candidaturas, informó la presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del OPLE, María de Lourdes Fernández Martínez.
En entrevista, explicó que las principales denuncias están relacionadas con actos anticipados de precampaña y campaña, así como con violencia política contra las mujeres en razón de género y la vulneración al principio superior de la niñez.
“Estamos cerca de 700 quejas, han llegado principalmente por actos anticipados de precampaña y campaña. También tenemos algunas por violencia política en razón de género y por uso indebido de imágenes de niñas y niños”, detalló.
La consejera advirtió que este número podría aumentar conforme avance el proceso, especialmente por tratarse de una elección municipal, en la que la participación ciudadana suele ser mayor y, por tanto, también las inconformidades.
Entre las conductas denunciadas se encuentran:
• Propaganda gubernamental indebida
• Promoción personalizada
• Violación a principios de equidad, imparcialidad y neutralidad
• Coacción al voto
Además, en el marco de las elecciones concurrentes, que por primera vez incluyen la renovación del Poder Judicial, se han presentado al menos siete quejas específicas relacionadas con actos anticipados y violencia política.
Fernández Martínez precisó que se han dictado ya 38 medidas cautelares por violencia política en razón de género, con el objetivo de proteger la integridad de las mujeres candidatas mientras se resuelve el fondo de los casos.
“Estas medidas buscan prevenir que continúen conductas que lesionen los principios de la función electoral, particularmente cuando hay riesgos para quienes participan en la contienda”, puntualizó.
La consejera recordó que la Comisión cuenta con un procedimiento especial sancionador, regulado en el Código Electoral, que permite resolver con mayor rapidez casos urgentes, como el retiro de propaganda indebida o la protección de víctimas.
Finalmente, reiteró que el objetivo de la Comisión es garantizar equidad, neutralidad y condiciones justas para todas las candidaturas, tanto de partidos como independientes.
