La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) expresó su preocupación por la negativa de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGEV) a aceptar al menos cuatro recomendaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) relacionadas con investigaciones sobre desapariciones.
En la recomendación 10/2025, la CNDH confirmó la emitida previamente por la CEDH (058/2023) y señaló que la Fiscalía no solo ha rechazado las observaciones del organismo local, sino también los recursos de impugnación interpuestos, lo que evidencia falta de interés y respeto por el sistema de protección no jurisdiccional de derechos humanos.
La CNDH advirtió que la negativa de la Fiscalía afecta a las víctimas de desaparición, pues impide la correcta integración de las investigaciones y el uso de protocolos especializados, lo que resulta en expedientes deficientes y la falta de esclarecimiento de los hechos.
Además, destacó que la FGE no solo omite diligencias clave en estos casos, sino que también se resiste a capacitar a los agentes del Ministerio Público para que apliquen los protocolos establecidos y cumplan con la normatividad en la materia.
Ordenan a FGE aceptar recomendación de la CEDH
La CNDH instruyó a la Fiscalía de Veracruz a aceptar la recomendación 058/2023 en un plazo de 15 días hábiles y asumir el compromiso de cumplir con sus puntos recomendatorios. En caso de negativa, la CEDH deberá solicitar a la fiscal general Verónica Hernández Giadans que fundamente y haga pública su decisión, además de solicitar su comparecencia ante el Congreso estatal.
El caso: desaparición y omisiones en la investigación
La recomendación 058/2023 de la CEDH se originó por la denuncia de una madre cuya hijo desapareció tras ser detenido por la Policía Municipal de Jalacingo en julio de 2018.
El joven fue golpeado, detenido y trasladado a la Fiscalía, pero posteriormente devuelto a los separos municipales sin recibir atención médica. Al buscarlo, su madre fue informada de que había sido liberado, aunque no existía registro de su ingreso o salida.
Tras múltiples intentos, la denuncia fue aceptada hasta el 30 de julio de 2018. Días después, la familia fue notificada sobre el hallazgo de un cuerpo, identificado posteriormente mediante pruebas de ADN.
La CEDH determinó que servidores públicos de la Fiscalía y el Ayuntamiento de Jalacingo vulneraron los derechos de la víctima y ordenó continuar con la investigación, compensar a los familiares e iniciar procedimientos administrativos contra los responsables.
Aunque el Ayuntamiento aceptó la recomendación, no hay evidencia de que haya tomado acciones al respecto, y la Fiscalía se negó a acatarla.
La CNDH concluyó que existen irregularidades reiteradas en la integración de investigaciones por desaparición en Veracruz, lo que afecta el acceso a la justicia y la reparación del daño a las víctimas.
Fuente y foto: AVC
