Los campesinos que fueron desalojados del predio Jinicuil Manzo por órdenes de un juez federal con el uso de la Fuerza Pública el pasado viernes, regresaron a invadir una vez más, señalaron los propietarios de los predios.
En la mañana del viernes 26 de marzo, un promedio de 100 policías de la secretaría de Seguridad Pública (SSP) cumplieron la orden de desalojo de invasores que son integrantes de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIAOC) de varias hectáreas de terrenos particulares en el predio de Jinicul Manso, que es parte del bosque en Coatepec.
Las familias víctimas de la invasión, expresaron que las autoridades de la SSP si llevaron a cabo el desalojo pero incumplieron otros mandatos del juez federal que permitieron el regreso de los invasores de la CIOAC.
En un escrito enviado por los propietarios señalan que “Debiendo llevar a cabo el desalojo de todas las personas que en ese momento se encontraban así como todos los objetos, pertenencias y/o viviendas de los mismos pero no se cumplió, y se deje libre de ningún elemento ajeno tampoco se cumplió”.
Otro mandato que no se cumplió fue que el DIF municipal debieron apersonarse en la diligencia para verificar que se actuara conforme a perspectiva de género del adulto mayor, pero tampoco se cumplió.
Los propietarios de los terrenos informaron que por órdenes del juez federal, la Fiscalía General del Estado (FGE) debió asumir los gastos que resultarían de las diligencias, que va desde bienes, medios, insumos, herramientas y personal, pero tampoco cumplieron.
“Los gastos de la diligencia no podrán ser asumidos por las víctimas, debiendo la fiscalía de aportar los bienes, medios, insumos, herramientas y personal a su cargo necesarios para llevar a cabo dicha diligencia, no se cumplió”.
Parte de la inteligencia y logística del desalojo, el Juez dio la orden de que el Fiscal de Distrito de Coatepec deberá de cerciorarse de que se cuenta con los instrumentos bastos y necesarios para realizarlo, y solo así se procedería su ejecución, pero aquí también hubo incumplimiento.
El Fiscal de Distrito tenía que asegurar los bienes muebles, los cuales deberian ser depositados y resguardaos por la representación social en el lugar que estime pertinente, “y tampoco de cumplió”.
Derivado de que no se cumplió con lo arriba descrito, las víctimas decidieron contratar los servicios de la notaria publica número 4 la cargo de Adriana Florene Grajales Tenorio, con la finalidad de dar fe de hechos y certificara el estado que guardaba el predio.
Para que la Notaria Pública llevara a cabo la certificación, a las 15:40 horas, las víctimas viajaron junto con ella en un vehículo hacia el interior del predio, y fueron atacados con petardos.
“En la subida reventó un petardo o balazo muy cerca de nosotros, al pasar exactamente por la entrada del predio observamos a quince personas aproximadamente, y diez personas aproximadamente dentro del predio, nos gritaron: malditos, putos, rateros, y nos aventaron piedras a la camioneta en la que íbamos y la golpearon con palos. Decidimos seguir avanzando y no detenernos”.
Por lo anterior, los dueños del predio presentaron una denuncia previa ante la Fiscalía General del Estado por el delito de amenazas, misma que está radicada con el número 056/2023 del indice de la Fiscalía Séptima de la Unidad Integral Coatepec.
Fuente y Foto: AVC/atf
