El abogado Arturo Nicolás Baltazar aseguró que no se puede justificar una tortura atendiendo al pensamiento de que con ello se está “del lado de la víctima”, pues no tiene sentido ni lógica.
“En una investigación se deben respetar los derechos de la víctima y los del imputado (…) Cuando se utiliza ese argumento para justificar violaciones a derechos humanos como torturas no queda justificada la actuación de las autoridades y se mantiene esta violación que a los ciudadanos veracruzanos nos debe preocupar porque significa que algunas autoridades violan de manera impune los derechos humanos de los ciudadanos”, dijo.
Aseguró que en casos de tortura contra detenidos se evidencia que las autoridades de investigación no llevan a cabo diligencias de investigación y se sigue recurriendo a viejas prácticas que se pretendían erradicar con el sistema acusatorio, pues “cuando la autoridad deja de investigarle camino más fácil y es torturar a una persona para que se declare culpable, fabricar pruebas, m sembrar indicios para incriminar a una persona inocente”.
Por ello, dijo que la autoridad debería de reconocer y actuar para evitar causar un daño irreparable a la sociedad veracruzana porque cuando un policía, un ministerio público o un juez actúan de esta manera se rompe el Estado de derecho porque ninguna de las autoridades cumple con sus obligaciones constitucionales.
“Una declaración de esta naturaleza carece de toda objetividad y sustento jurídico porque las autoridades deben buscar un equilibrio entre los derechos de la víctima y el imputado, se debe buscar evitar violaciones de derechos fundamentales de ambos”, insistió.
Además, aclaró que si una recomendación es rechazada y se agotan las posibilidades en organismos nacionales, existen tribunales internacionales en materia de derechos humanos como la Corte Interamericana que pueden retomar el caso y si como resultado de la investigación se emite una sentencia, el Estado mexicano está obligado a responder.
“Sus sentencias sí tienen un carácter vinculante y puede ordenarle al Estado mexicano que pida disculpas, que se dé una reparación del daño y reconozca la violación de derechos humanos”.
Fuente y foto: AVC/ doh
