Alguna de las denuncias que ha presentado el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) por presunto desvío de recursos en municipios se han presentado sin concluir la fase de fiscalización, pero se hacen por temas “obvios” de posible desvío de recursos públicos informó la auditora Delia González Cobos en su comparecencia ante diputados locales.
Y destacó que, de esas, el 80 por ciento tiene seguimiento de la fiscalía general del Estado, con la idea de sancionar a los funcionarios que incurrieron en daño patrimonial, y, recordó, corresponde al Poder Judicial determinar si hay castigo o no.
“Las sanciones penales a las que los servidores y ex servidores públicos pueden ser acreedores, de las denuncias, son impuestas por el Poder Judicial y puede consistir en sanción pecuniaria, multa, destitución, inhabilitación para desempeñar cargos, entre otras”, comentó.
En su mensaje, dijo que, derivado del procedimiento de fiscalización, de 2007 a la fecha, el ORFIS ha interpuesto 293 denuncias penales por más de 35 mil 570 millones 397 mil pesos.
Al ser cuestionada sobre el avance de la atención mencionó que en noviembre y diciembre del 2022 y enero del 2023, se han estado presentando nueva denuncias penales a las que se les da seguimiento.
