Los atletas y las personas que se hayan visto afectadas pueden ampararse en contra de la clausura que hizo la Secretaría de Protección Civil estatal de la Unidad Deportiva "Hugo Sánchez", ubicada en el municipio de Boca del Río, señala el abogado Arturo Nicolás Baltazar.
En entrevista explicó que el cierre del complejo que hizo el Gobierno del Estado, originado después de la riña entre porras que dejó un muerto y varios lesionados la noche del sábado 21 de febrero, no tiene sustento jurídico.
La ley establece que la responsabilidad penal es intransferible, por lo que las autoridades tienen que sancionar directamente a quienes participaron en la confrontación y no trascender impactando a quienes practican algún deporte y requieren usar ese espacio.
Recordó que el marco jurídico es muy claro y en el Artículo 131 del Código Penal se habla de la autoría indeterminada, es decir, establece la responsabilidad en el homicidio cuando intervienen dos o más personas y no es posible determinar quién causó la muerte.
Además, en el Artículo 133 se refiere a quien prive de la vida a otro en riña se le impondrán prisión de cinco a doce años si fuere el provocador, y de cuatro a ocho años si se trata del provocado, y una multa hasta de doscientos días de salario.
"Pero esto tiene que derivar en una sanción penal personal para quienes realizaron esta conducta, no tiene que trascender al resto de la población porque entonces ya estás afectando derechos humanos, derechos fundamentales, como el acceso a la salud, a actividades recreativas o a realizar deporte".
En todo caso, apuntó, la Fiscalía General del Estado (FGE) podría ordenar el cierre temporal para realizar las investigaciones ministeriales, sin embargo, el hecho ocurrió en la vía pública después del partido de fútbol entre el Racing de Veracruz y los Toros de Celaya.
"Pero Protección Civil no tiene las facultades para clausurar un recinto deportivo después de un hecho delictivo, no tiene congruencia jurídica, no están facultados y esta determinación se torna ilegal e inconstitucional".
Consideró que la dependencia estatal está pretendiendo justificar la clausura al argumentar que la Unidad Deportiva no tiene un programa interno en materia de protección civil.
"Todo esto se tiene que analizar con objetividad; las autoridades no pueden responder de manera arbitraria tratando de apagar un incendio de manera reactiva, si las autoridades no respetan la ley, ¿Quién va a respetar la ley?", cuestionó.
Es lamentable, puntualiza, que se sigan registrando actos de violencia en inmediaciones deportivas, pero la clave es el respeto irrestricto a las normas jurídicas y el principio de legalidad.
