Uno de los temas que se ha vuelto prioritario en la agenda pública es el que tiene que ver con la corrupción, la legalidad y en suma, eso que llamamos el Estado de Derecho. Prácticamente todo el mundo tiene algo de lo cual quejarse en este aspecto: una mala experiencia por la que ha pasado, tanto en el trato con distintos niveles de Gobierno, como en el sector privado y más allá de que el Gobierno Federal lo haya usado como bandera política y electoral, y de que los hechos el problema sea peor que antes, lo cierto es que como país no andamos nada bien.
Pero la pregunta de fondo es ¿Por qué es tan importante sostener y afianzar el Estado de Derecho? Bueno pues por un lado, porque los dos pilares más importantes para un país que quiera ser desarrollado, son un sistema democrático y representativo que funcione, y un sistema de pesos y contrapesos que funcione, es decir, instituciones que funcionen y por otro lado, tener un verdadero Estado de Derecho y una rama judicial genuinamente independiente, eficaz y de alta calidad, es condición indispensable para la economía, el crecimiento, y las relaciones saludables con la sociedad, aunque todo eso lo demos por sabido.
Hoy sin embargo hay circunstancias políticas que amenazan con socavar el Estado de Derecho. Una tiene que ver con la intimidación a la que se ha visto sometida la independencia judicial en estos últimos tres años, entre artículos transitorios, consultas populares y prácticas autoritarias. Hay una clara intencionalidad de captura, lugar de un profundo desdén por los tribunales de justicia.
No es una casualidad que en el índice de Estado de Derecho 2020 que realiza el Proyecto de Justicia del Mundial, México cayera a la posición 104 sobre 128 países, y al 26 sobre 30 países en América Latina y el Caribe. Otra es que conforme la población y la economía, habría que calcular si necesitamos más abogados, pero como en toda profesión, lo que sí es deseable es contar con mejores abogados. Es cierto que la matrícula en educación superior se ha incrementado sistemáticamente en México en todas las áreas, desde por lo menos 1950, pero en el caso de los abogados ha habido un aumento mucho más elevado de lo que podría haberse previsto por ejemplo: en el ciclo 1997 98 existían 364 instituciones de educación superior que ofrecían la carrera de Derecho y para el ciclo académico 2019 2020, este número aumentó a 1954, es decir, una nueva escuela de Derecho prácticamente cada semana. Este enorme crecimiento es sin duda un desafío a la calidad académica del ejercicio profesional que merece ser examinado; y la tercera reflexión es cuestionarnos si somos los mexicanos una ciudadanía de buena calidad.
El latinobarómetro que se hace en toda América Latina, ha ofrecido por años datos reveladores: solo un 25% de los ciudadanos mexicanos afirma que debe cumplirse la ley con independencia de la opinión que se tenga sobre ella; el 48% aprueba que un funcionario se aproveche ilegalmente de su cargo siempre y cuando haga cosas buenas; y el 59% dice que son los ciudadanos quienes permiten que haya corrupción.
La conclusión es que este desencuentro con el Estado de Derecho, suscita una de las dificultades más graves en la construcción de una cultura cívica, que afiancen los ámbitos democráticos.
Desde luego el problema es muy complejo, tiene que ver con un serio déficit en el modo de cómo se transmite y cómo se internaliza el valor de la legalidad en los procesos de socialización de los niños y de los jóvenes, en las familias y en las escuelas, pero también se relaciona con la falta de incentivos para cumplir la ley y con una especie de colapso en el sistema, es decir, un sistema donde cumplir la ley con independencia de lo que haga el resto se ha visto como algo intrínsecamente valioso.
La moraleja es entonces que vivir dentro de la ley, y donde sintamos confianza en ella, es una tarea que depende sin duda alguna de todos.
