La absorción de ilegales atribuciones en el Ejecutivo federal no tiene parangón en nuestra historia. Algo similar aconteció en el Porfiriato, sin embargo, en aquellos tiempos se estaban constituyendo los cimientos del Estado. Eran los inicios de la estabilidad y el orden. El jurista Héctor Fix-Fierro escribe: “El gobierno del general Porfirio Díaz da comienzo propiamente a la labor de creación de un verdadero orden jurídico nacional”. Hoy nuestra situación es diferente. Consiste en el atropello de las bases de una convivencia social y en un cotidiano desprecio a nuestra ley fundamental.
Como lo expresa el jurista Diego Valadés, “la norma suprema fue convertida en el destino favorito del discurso político”.
Focalicemos un tema esencial: la administración de justicia, que es el complemento y culminación de la seguridad nacional. No pueden existir por separado. Constituyen las funciones primigenias de la sociedad organizada desde sus orígenes.
Afortunadamente, contamos con buenos estudios del derecho a quienes acudir para conocer diagnósticos y propuestas sobre la materia. Repaso algunos temas.
El Poder Judicial ha sido el más reformado en nuestra historia. Ha prevalecido una tesis central. Cuando algunos de sus órganos no funcionan, en lugar de abocarse a corregirlo, se opta por hacer leyes y crear otros mecanismos para supervisarlos. En el breve plazo, tanto el organismo vigilado como el vigilante, son igual de disfuncionales.
Nos relata en su acuciosa y detallada investigación, el jurista Eduardo Ferrer MacGregor (Panorama del derecho procesal Constitucional y Convencional), que en 1869 se abrió el debate sobre la procedencia del juicio de amparo contra las sentencias de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas. Se alegaba que esta situación mataría de un solo golpe la soberanía de los estados. En la exposición de motivos presentada por Venustiano Carranza se pronunció lo que podíamos calificar como el epitafio de los Poderes Judiciales locales: “El pueblo mexicano está ya tan acostumbrado al amparo de los juicios civiles, para librar de las arbitrariedades de los jueces, que el gobierno a mi cargo ha creído no sólo injusto, sino impolítico privarlo ahora de tal recurso”. Así concluyó el debate sobre el alcance de los juicios de amparo para afianzarlo en cualquier materia.
Jamás vamos a avanzar en el impulso del federalismo si no descentralizamos las tareas gubernamentales, lo cual no será posible si no se les concede competencia y capacidad a las entidades federativas. Habrá que anotar que en algunas materias en las que se han intentado, la respuesta local ha sido deficiente. En tanto no se rompa este círculo vicioso viviremos en la ambigüedad contraria a un buen Estado de derecho.
Nuestra cultura “legaloide” y el abuso del juicio de amparo son dos fallas que todos coinciden en señalar. Francisco Ruiz, ministro presidente en 1934 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expresó: “Se ha desnaturalizado el amparo por los litigantes, al pretender obligar a la Suprema Corte a que resuelva cuestiones de carácter civil o penal, en lugar de que se ocupe exclusivamente cuestiones de carácter constitucional”.
Desde que inicié mi carrera me sentí frustrado al confirmar el desuso del jurado popular. Los juicios orales han fracasado en su implementación y el consejo de la judicatura exige una revisión. La designación de integrantes del Poder Judicial se ha partidizado. Sin duda, la reconstitución del Poder Judicial es una gran asignatura pendiente.
No recuerdo donde leí un pensamiento que transcribo: “El político es un hombre del derecho, porque el derecho es un mediador entre el orden y la justicia”.
